"El Salvador es ahora un país más seguro”, con esas palabras, el Prof. Sánchez Cerén inició el discurso de mentiras del pasado 1 de junio ante la Asamblea Legislativa. A esas alturas, la encuesta de La Prensa Gráfica indicaba que los ciudadanos creen que el mayor fracaso del gobierno del FMLN está en el área de seguridad.
Semanas después, esta percepción fue ratificada por el sondeo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, mismo estudio que en un comunicado del 11 de junio fue descalificado por las autoridades del FMLN.
El gobierno no entiende que la idea de fracaso, imperante en el ciudadano al referirse al trabajo en seguridad, es producto de políticas públicas que no dan resultados y no avanzan hacia la recuperación del territorio perdido en manos de los grupos delictivos.
La persona que escribió el discurso del profesor expresó que hay una “amplia concertación de actores sociales y fuerzas políticas que se expresa en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia y el Plan El Salvador Seguro”.
La verdad es que el Plan El Salvador Seguro es nada más un pretexto para la acción inmoral e injusta del gobierno del FMLN de poner dos impuestos para seguridad y destinarlos, bajo el abanico de la prevención, a cualquier actividad que no es precisamente el combate frontal a la delincuencia. Por supuesto, en esta piñata que hacen con los fondos públicos no han estado solos, les han acompañado en todo el camino los partidos pequeños, los que, con este tipo de acciones, se vuelven intrascendentes.
Pongamos un ejemplo sencillo del decreto conocido el jueves 8 de junio, en el que se distribuyó 74.6 millones de dólares de lo que los salvadoreños aportamos a través de los impuestos a la telefonía y grandes contribuyentes. La Secretaría de Gobernabilidad, Secretaría de Cultura de la Presidencia, INJUVE, INDES, FISDL y Viceministerio de Prevención reciben 8.6 millones de dólares para invertir en espacios públicos de 26 municipios priorizados.
Como ARENA hemos señalado que uno de los grandes problemas para medir la efectividad de la implementación de la estrategia de seguridad, es que esta carece de metas y de indicadores de cumplimiento. Siguiendo con el ejemplo de los espacios públicos, estos pueden ser parques, canchas, casas comunales, pero a la fecha no sabemos cuánta infraestructura se va a intervenir, a qué costo, a cuántos ciudadanos se va a beneficiar, qué actividades se van a desarrollar para dinamizarlos, y todos los salvadoreños somos conscientes de que la excesiva discrecionalidad en el gasto es una puerta abierta a la corrupción.
A esto debemos agregar que los informes que deben brindar las diferentes carteras de Estado sobre la inversión de estos fondos son tan escuetos que tampoco permiten profundizar y conocer si realmente se están utilizando de forma adecuada.
Por eso insistimos en que el gobierno del FMLN vive una borrachera del gasto; tanto así, que para superar el impago le reducen presupuesto a Educación, pero en esta distribución, esta cartera de Estado recibe 11 millones 600 mil dólares para invertir en formación técnica y vocacional, mejora de infraestructura, incorporación de jóvenes al sistema de modalidades flexibles. Todos estos rubros, que sabemos de su importancia para el desarrollo del país, deben ser cubiertos por un presupuesto ordinario, no con uno extraordinario que tiene como destino prioritario la seguridad.
Todos recordamos las publicaciones hechas sobre personeros del FMLN ofreciendo beneficios económicos a grupos delictivos a cambio de su apoyo en elección presidencial; a partir de ello deberíamos de preguntarnos si esta fiesta que hacen del millonario sacrificio de la población honrada no va destinado a cumplir esos compromisos adquiridos.
Mientras tanto, los ciudadanos, además del impuesto, siguen pagando seguridad privada en sus colonias y negocios; las empresas, ya sean grandes o pequeñas, son víctimas de la extorsión —actividad delictiva que se convierte en el mejor sistema impositivo que existe porque todo el mundo la paga para garantizarse el derecho a vivir—; y los salvadoreños mueren víctimas de la violencia: 137 personas fallecidas en los 11 primeros días de junio, justo después que el profesor dijo que el país es más seguro, deberían hacerle volver a la realidad.
Sánchez Cerén afirmó que tiene la “certeza que la población va recuperando la esperanza de poder vivir en paz y tranquilidad”; por favor, lo que esperamos del gobierno es que los funcionarios vean las encuestas y entiendan que lo que pedimos los salvadoreños es que despierten y salgan del país de las maravillas en que habitan, se pongan a trabajar, corrijan el rumbo que lleva la nación y paren la piñata del gasto porque, por el momento, la inseguridad sigue prevaleciendo.
*Diputado