Welcome home, homie?

No se puede, bajo ninguna circunstancia, prohibir el ingreso a un salvadoreño a nuestro país, pero eso no obsta a que nuestras autoridades promuevan un marco legal útil y necesario para control.

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Por Mirna Navarrete

28 May 2017

Las acciones contra las pandillas dentro del suelo norteamericano abarcan diferentes aspectos: por un lado, está el combate a sus operaciones económicas, y por otro, la detención y juzgamiento de las personas que conforman su estructura; todo lo cual seguramente merece el aplauso de los ciudadanos estadounidenses cumplidores de la ley, pero para México y Centroamérica, y en especial para El Salvador, dichas acciones adquieren ribetes de tragedia por el fantasma de la deportación.

Estamos claros que sería un análisis absolutamente reduccionista, xenófobo y racista, el pensar que todo inmigrante indocumentado es un delincuente o un pandillero, activo o en potencia; pero al mismo tiempo, sería miope cerrar los ojos a la realidad: las pandillas han trascendido hasta convertirse en una internacional del crimen bajo el amparo del binomio “inmigración ilegal-deportación”. Así, desarrollándose a ciencia y paciencia de las autoridades, crecieron hasta convertirse en un monstruo que tiene cada uno de sus pies bien afincados en dos regiones: una en Estados Unidos de América y otra en el Triángulo Norte centroamericano.

La sociedad estadounidense, no obstante pertenecer al primer mundo y dar oportunidades de estudio, trabajo y desarrollo para sus ciudadanos, posee también sus cinturones de marginalidad, pobreza, comercio de drogas, racismo y exclusión social, que son precisamente el caldo de cultivo en donde las pandillas encuentran su hábitat natural para su expansión y desarrollo; conformando así un muy particular circulo vicioso de desarrollo del crimen, del que se lucra y sale beneficiado una transnacional de violencia como pocas veces se ha visto en la Historia moderna. Esta Hidra maligna ha puesto de rodillas a los Estados centroamericanos, los cuales, como el caso del Gobierno de El Salvador presidido en su momento por el asilado bachiller Funes, se sienten tan frágiles ante el fenómeno, que prefieren renunciar a su institucionalidad para negociar con criminales.

La política migratoria estadounidense está poniendo énfasis en la deportación de inmigrantes con récord delincuencial, ello implica que criminales con maestría en siniestras artes, serían deportados a nuestro país para ser dócilmente puestos en libertad tan pronto toquen el suelo patrio. Por su parte, nuestras autoridades parece que se encuentran abrumadas y sobrepasadas por la situación, ya que en ningún momento la ciudadanía ha escuchado que existan medidas serias, consensuadas, estructuradas y a largo plazo, que atajen las oleadas de criminales deportados que seguramente estarán ingresando a El Salvador desde Estados Unidos, así como de otros países, lo cual contribuirá aún más al deterioro de la ya erosionada seguridad ciudadana.

Estamos claros que no se puede, bajo ninguna circunstancia, prohibir el ingreso a un salvadoreño a nuestro país, pero eso no obsta a que nuestras autoridades promuevan un marco legal útil y necesario para control, supervisión, seguimiento y en última instancia, internación para el cumplimiento de penas impuestas en otros países por los delitos cometidos en ellos, todo lo cual se podría implementar suscribiendo los respectivos tratados internacionales, principalmente con los Estados Unidos de América, que permitan que criminales condenados por tribunales de derecho, en procesos los cuales se le hayan garantizado los derechos de audiencia y defensa a los imputados, puedan cumplir sus penas en territorio salvadoreño, como una medida para que tales personas que revisten características de peligrosidad social, no sea simplemente liberadas sin supervisión, por el solo hecho de haber sido deportadas a El Salvador.

Como lo he señalado en diversos foros, el problema de El Salvador no es un “problema de leyes”, sino de ejecución de las mismas. Nuestras autoridades en el ramo de seguridad, ya cuentan con suficientes leyes para darle control y seguimientos a individuos que representen un peligro social. Dentro de ellas, solo por citar algunas, se encuentran el inciso 4º del Art. 13 de la Constitución, el Art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Art. 3 del Pacto de San José, y finalmente, el Código Penal.

Asimismo, es necesario analizar volver a la vida leyes ya derogadas, pero útiles socialmente, como la “Ley de Policía” de 1879, la “Ley de Vagos y Maleantes” de 1940, así como la “Ley del Estado Peligroso” de 1950, ésta última inspirada en jurisprudencia europea, las cuales brindarían a las autoridades facultades de control preventivo, tendientes a obtener la supervisión ciudadana de personas con rasgos de peligrosidad social, y en los casos que lo ameriten, permitir el internamiento temporal en locaciones especiales, al estilo de “granjas de trabajo social”, para tratar de lograr la reeducación de individuos con características antisociales, para que puedan posteriormente asimilarse adecuada y pacíficamente, al tejido social; todo, teniendo siempre en cuenta una adecuada supervisión del respeto a sus derechos humanos.

Y es que a los delincuentes deportados, para que se reinserten a la sociedad, no será suficiente recibirlos con un apretón de manos y el respectivo “welcome home, homie”.

*Abogado, máster en Leyes.

@MaxMojica