En mi anterior artículo referí que las evidencias demuestran que alentar a los ciudadanos a que se defiendan por sí mismos, otorgando medidas sustitutivas a la detención para quien mate en defensa propia, en lugar de producir mayor seguridad resultará en más muertes de personas honradas. Los datos ofrecidos en esa oportunidad procedían, principalmente, del registro de novedades de la PNC de El Salvador; pero a ellos se pueden agregar los resultados de estudios sobre los usos y perjuicios del uso de armas de fuego de ese verdadero laboratorio de análisis como lo es los Estados Unidos. El gobierno de ese país señala que por cada éxito en el uso defensivo de armas se produjeron 185 muertes en intentos fallidos de defensa, suicidios y accidentes.
El médico epidemiólogo Douglas Wiebe, de la Universidad de California, concluyó que en ese Estado "las personas con armas domésticas tiene dos veces más posibilidades de morir por armas de fuego que aquellas que no tienen armas en su casa, y 16 veces más ocasiones de suicidarse." Una sociedad armada es de una insania tan elocuente que solo una visión autoritaria hasta la inhumanidad puede llevar a alguien a imaginar que traería más seguridad.
No obstante, muchas personas acogen la idea con entusiasmo. Por supuesto, son personas poco informadas que desconocen los terribles resultados de procurar su seguridad por sus propios medios. Pero, además, existe un trasfondo de carácter cultural que condiciona esa subjetividad: las dificultades que el Estado afronta para hacer sentir segura a la ciudadanía.
No es difícil defender el desarme de los civiles en una sociedad como la inglesa en la que el 81% de los que comenten un delito terminarán con una condena. Pero resulta difícil pedir a las personas que se desarmen en un país tan violento como el nuestro y en el que menos del 2% de los delitos terminarán con una sentencia.
La impunidad y la pérdida de confianza en el sistema judicial conducen a algunas personas a defenderse por sí mismas o a procurar justicia por mano propia. Consecuentemente, el desarme ocurrirá en la medida que se esclarezcan los errores sobre la ilusión de protección que crean las armas al mismo tiempo que se lucha para que el Estado provea la seguridad que se necesita.
La elaboración de una política pública de prevención de la violencia debe ser tan amplia como para incidir en millones y debe partir de análisis racionales basados en diagnósticos. No siempre una política será comprendida desde el primer momento por la población, principalmente porque su eficacia tomará tiempo en manifestarse. Por eso es que la tentación de tomar el atajo de medidas demagógicas es grande. El verdadero riesgo es la demagogia, la manipulación del medio y de la frustración, pues puede llevar a situaciones trágicas de las cuales difícilmente habrá marcha atrás.
Una población educada dentro de una cultura de paz, protegida por una policía eficiente, gozando de una justicia ágil y democrática, con una distribución de la renta más igualitaria es la fórmula para tener tranquilidad con libertad. Mientras el Estado no haga de la seguridad pública su prioridad, veremos sectores mal informados dejándose llevar por propuestas ingenuas y peligrosas, como la que anima a la defensa propia. Pero gracias a Dios por las voces conscientes y sensatas que nos hacen despertar.
*Pastor general de la misión cristiana Elim.