Con los votos de todos los partidos políticos, la Asamblea Legislativa aprobó la denominada "Ley de Desarrollo y Protección Social", promovida por el oficialismo durante la campaña electoral recién pasada, como: "la herencia que dejaría el expresidente Funes y el primer gobierno del FMLN".
Le dijeron al pueblo salvadoreño que mediante esta ley, los programas sociales serían de obligatorio cumplimiento para cualquier gobierno que llegara. Sin embargo, importantes investigaciones periodísticas han revelado, que la pensión universal a los adultos mayores no se ha entregado desde noviembre del año pasado; se ha suspendido el programa PATI, así como también otros proyectos de ayuda a las escuelas públicas que están a punto de declararse en estado de calamidad.
La pregunta es: ¿Qué funcionarios responderán por la violación de esta ley? ¿A quién le corresponde la investigación y deducción de responsabilidades?
La respuesta es obvia: Ningún funcionario va a responder por el retraso en la entrega de los programas sociales, ya que esta ley no tiene mecanismos para deducir responsabilidades ante su incumplimiento, y este gobierno tampoco tiene la voluntad política para sancionar a sus funcionarios irresponsables.
Hasta el cansancio dijimos, que debíamos distinguir entre una política pública y una ley, la primera se conceptualiza: Como las respuestas que el Estado debe dar a las demandas de la sociedad en forma de instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios; en cambio la segunda, es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Curiosamente esta ley ni manda, ni prohíbe ni permite, porque su texto es eminentemente declarativo.
Los diputados ya cumplieron su parte aprobando esta normativa, ahora toca al presidente y sus funcionarios cumplir a los salvadoreños más pobres lo que prometieron en aquella millonaria campaña financiada con un donativo de Taiwán.
El populismo es un veneno para las democracias, así funciona el régimen chavista en Venezuela, donde recientemente el Presidente de ese país, creó "el Viceministerio para la Suprema Felicidad", esta exótica idea, unida a otra mediante la cual, decretó el "Día del amor y la lealtad al presidente Hugo Chávez", constituyen espejismos que tratan de ocultar los verdaderos problemas del país y la seriedad con que se deben abordar.
Estamos a favor de la continuidad de los programas sociales, y de su ejecución con responsabilidad, eficacia, y evaluación permanente de los objetivos para los que han sido creados, y por ello, exigimos que el gobierno cumpla la ley y su oferta electoral por la que muchos salvadoreños votaron de buena fe y ahora se sienten burlados.
La forma democrática de sancionar a estos funcionarios del oficialismo que le han fallado a su país, será el uno de marzo de 2015, donde los ciudadanos habremos de decidir si continúan dándole todo el poder a un gobierno populista, que pregona ideas de buen vivir con resultados de mal vivir o propiciamos un equilibrio que permita un mejor futuro para nuestros hijos.
Cualquier ley que no vaya acompañada de una política pública y de un financiamiento adecuado, va camino al fracaso, porque ni los programas sociales ni la suprema felicidad se consiguen por decreto.
*Colaborador de El Diario de Hoy.