Faltan pocos días para que termine la actual gestión presidencial. Las declaraciones de los funcionarios salientes vinculados a la seguridad pública, ahora que están por entregar sus cómodas oficinas, son igual de insólitas que aquella indignante fotografía en la que, con infinito descaro, autoridades gubernamentales posaron pocos días antes de la Navidad del 2010, chocando copas llenas de bebidas espumantes en el cuartel central de la Policía, como celebrando presuntos éxitos en el combate de la criminalidad.
Después de que la imagen fuera publicada por los medios de comunicación, reclamé en este espacio cómo era posible que estos funcionarios tuvieran la desfachatez de sugerir, con ese brindis, que había algo que celebrar en materia de seguridad, cuando ese año se registraron tantos desaciertos y se contaron tantos hechos delictivos. Expliqué cómo el inapropiado brindis resultaba indignante para todos aquellos que habían sido afectados por la agobiante criminalidad durante el 2010 y, además, señalé los efectos negativos que esto produciría sobre la confianza y credibilidad que la ciudadanía tenía en ese momento para con el aparato de seguridad.
Ahora, próximos al final del mandato del polémico y volátil Mauricio Funes, después de que cayera el telón que ayudaba a mantener la ilusión fabricada por "la tregua" y que se develara tímidamente el monstruo que se cultivó en la oscuridad de la negociación entre cabecillas pandilleros y el Estado, el próximo expresidente y su séquito de seguridad continúan vanagloriándose por presuntos logros y planes exitosos. Resulta increíble, por lo menos para mí, cómo alguien (especialmente un funcionario público) puede congratularse por éxitos inventados o ilusorios y obviar o minimizar los monumentales desaciertos, retrocesos y fracasos.
No hay nada qué celebrar. No hay razón para felicitar a Funes o a todos los funcionarios que desfilaron por la cartera de seguridad durante su mandato. Han dejado una situación más complicada que nunca. Estamos ante un problema delictual más grave del que teníamos antes que asumiera como presidente en el 2009 y, después de todos los errores de su administración, contamos con instituciones más débiles y corruptas. No hay espacio para falsas palmadas en el hombro. El delicado estado de la seguridad del país y el inminente control total de las estructuras criminales, demanda que reclamemos enérgicamente a los que van de salida con la esperanza de que los que van entrando no caigan en los mismos errores y corrijan la plana a sus antecesores.
Después de examinar la forma en que Funes y los funcionarios de su gobierno abordaron el combate de la criminalidad, es evidente que nunca tuvieron la intención genuina de controlarlo sino sólo de hacer creer que lo hacían. Las oscuras maniobras del gobierno en seguridad pública y las devastadoras consecuencias colaterales, fueron posibles gracias a la falta de transparencia y la gran distancia que Funes creó entre su administración y diversos sectores de la sociedad, organizando diálogos intencionalmente infructuosos y la actitud confrontante que adoptaba contra pensamientos y voces disidentes.
La ciudadanía debe de reclamar al gobierno saliente la falta apertura genuina y exigírsela al entrante, apertura para que exista una verdadera fiscalización, escrutinio y evaluación de diferentes sectores sociales, que abra los espacios para propiciar y perpetuar la organización y participación de toda la sociedad en función de la recuperación del aparato de seguridad pública y el control de la crisis delictual en la que estamos sumergidos. Los salvadoreños y las nuevas autoridades debemos de comprender que para resolver el grave problema en el que nos deja Funes, todos necesitamos remar en la misma dirección y esto solamente será posible si el gobierno nos cede a los ciudadanos una lámpara que nos permita alumbrar los rincones más oscuros que aprovechan los malos gobiernos y funcionarios en detrimento del combate legítimo del crimen.
*Criminólogo.
@cponce_sv