Muchos salvadoreños se toman unos días de merecido descanso durante la Semana Santa y dentro de otras actividades, asisten masivamente a las playas de la costa. Desarrollar de una manera amplia la franja marina a través de FOMILENIO II, es una de las tantas oportunidades que se está viendo truncada por la falta de aprobación de las reformas a la Ley de Asocios Públicos Privados (Ley APP). Dicha ley tiene la aspiración de posibilitar las alianzas entre el gobierno y sector privado, en momentos de escasos recursos del Estado, para desarrollar mayores y mejores servicios para los ciudadanos, ejemplo: carreteras, electricidad, escuelas, entre otros.
El próximo gobierno debe apoyar una estrategia decidida de atracción y promoción de inversión directa y convertir a El Salvador en un lugar atractivo para los negocios. Esta tarea es difícil si no se dan las señales adecuadas, tanto a nivel de diálogo, respeto a las reglas del juego y visión compartida del desarrollo del país. Aún se deben resolver los retrasos que persisten en el Plan de Acción para el Crecimiento, así como la segunda donación de FOMILENIO.
Crear un clima de negocios favorable debe ser visto sin apasionamientos, ni debates ideológicos. Definitivamente tiene elementos objetivos como indicadores, números y rankings a nivel internacional, pero además elementos subjetivos. No todo es de tecnicismos, también debe valorarse la forma y el entorno de confianza. Aprobar las reformas a la Ley APP es, apenas, la primera parte. Por ello es que nuestros diputados no pueden mantener una ley que contenga deficiencias graves de nacimiento, que no le permiten funcionar.
Para que se tenga una ley atractiva, que active proyectos estratégicos, se le debe hacer una serie de modificaciones que incluya revalorar el número de veces que tal proyecto debe ir a la Asamblea Legislativa por aprobación. Tal como lo señala la Constitución, se debe contar con la aprobación Legislativa, pero no en varias ocasiones, puesto que se trata de hacer inversiones y no negociaciones políticas. La Asamblea debe velar por asegurar las mejores condiciones de la concesión, aprobando o rechazando, pero se debe reconocer que es un foro político que por su naturaleza desincentivará a los inversionistas. Son ellos los que deben hacer los análisis costo beneficio de realizar una gran inversión en forma conjunta con el gobierno y es bastante difícil sacar los números de una inversión con la posibilidad que por criterios no técnicos se modifiquen condiciones del contrato. En todo caso, si se deja tal cual fue aprobado en junio del año pasado, se convertiría en el único mecanismo en la región tan estricto.
Se ve como un elemento positivo, la reciente flexibilización de posiciones y que PROESA sea la institución implementadora de la ley. Otro aspecto importante para las próximas discusiones será incluir elementos de transparencia, como un registro público de proyectos, en donde todos podamos asegurarnos que se están manejando bien los proyectos, que no hayan conflicto de intereses, ni espacios para la corrupción. Existen otras reformas relevantes, pero deseo resaltar una adicional que la exclusión de sectores por fines ideológicos.
En la playa ¿cuantos proyectos de turismo se podrían lograr, con el efecto positivo de generación de empleo, así como proyectos productivos a partir de las riquezas del mar? Para todo esto se requieren inversiones en cantidad y calidad de agua. Cuando esto se vuelve un tabú, es que se deben generar espacios de diálogo y acercamiento de posiciones. Por ahora, se ha decidido excluir ciertos sectores de la ley, lo que en un futuro tendrá un impacto en temas relevantes. Por ejemplo, quién hará las inversiones de aguas residuales de la zona. Se han dado a conocer cifras preocupantes; en nuestro país sólo el 3% de las aguas negras son tratadas, el otro 97% se lanza a los ríos y mar, lo cual tiene grandes repercusiones en materia de salud. ¿Tiene previsto el Estado hacer inversiones complementarias de $185 millones, en la zona costera? Si la respuesta es positiva, adelante gobierno, porque la ejecución de estas obras son urgentes, pero si la respuesta es negativa, es momento adecuado de aprobar la mejor ley para el país.
Por ahora la discusión sigue con algunos avances en la Asamblea Legislativa. Es urgente que después de estos días de descanso se renueven las energías para que se apruebe esta ley bajo criterios competitivos frente a otros países de la región, transparencia, eficiencia y que sea de beneficio para la población en general, a través de dar mejores servicios públicos.
*Columnista de El Diario de Hoy.