Editoriales

Medidas impopulares

13.abril.2019 -

En la vida se producen situaciones que exigen tomar decisiones sumamente difíciles, porque afectarán emocionalmente a la familia, o tendrán un fuerte costo económico, aunque traigan beneficios a largo plazo, por lo que la sabiduría reside en olvidarse de los costos y valorar los beneficios.

El asunto se complica cuando estas decisiones afectan el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, pero los funcionarios responsables le van dando largas al asunto, porque es período electoral y la población les pasará factura en las urnas, por lo que lo políticamente correcto prevalece sobre el bien común. Actualmente estamos sufriendo las consecuencias del miedo de los políticos de perder sus cargos y sus prebendas, al no haber tomado en su momento, la decisión adecuada.

Un ejemplo reciente es el préstamo que por $32 millones concediera el BCIE a la Asamblea Legislativa para la construcción de su nuevo edificio, lo que trajo consigo serios cuestionamientos de parte de la población. Así que por miedo a la crítica, o por falta de legítimas razones para demostrar la necesidad de un nuevo edificio, varias legislaturas detuvieron la ejecución del proyecto, aunque por no usar el dinero disponible, los salvadoreños hemos pagado casi $500,000 dólares de multa.

Los gobiernos de izquierda han convencido a la población de que las instituciones manejadas por la empresa privada son dañinas para los ciudadanos y benefician únicamente a los grupos de poder, satanizando así la palabra privatización como sinónimo de desastre y caos. Así, el prófugo ex presidente Funes hizo una maquiavélica labor, quitando la participación de representantes del sector privado en diferentes instituciones, lo que ha generado serias demandas ante organismos internacionales. Así, la presencia de delegados del sector privado es suficiente para generar una ola de protestas bajo la amenaza de la privatización, aunque el manejo de las instituciones del estado deja mucho que desear en cuanto a eficiencia, transparencia, uso de recursos, y servicio. ANDA, CEPA, CEL y ANTEL son perfectos ejemplos de lo anterior.

El tema de las pensiones sigue causando tanto confusión como indignación ante el oscuro panorama de tantos cotizantes que ven con horror el miserable monto de su pensión, después de tantos años de trabajo, como lo explica la Lic. Mariana Belloso en reciente artículo. Quienes han tenido un sueldo de $1,000, tendrán una pensión de $240. Si gana debajo de $600 tendrá asegurada la pensión mínima de $207, lo que resulta una verdadera burla. Es urgente realizar una reforma, que no es una operación sencilla, ya que hay muchos países del mundo que están enfrentando esta misma situación.

Pero una de las razones que no permite mejores pensiones es la temprana edad de retiro de 55 años para las mujeres y unos años más para los hombres. Generalmente los salvadoreños jubilados a esa edad continúan trabajando, muchas veces en la misma institución, pero ya dejaron de cotizar. Pero no es políticamente correcto aumentar la edad de retiro, aunque daría más tiempo para cotizar y mejorar la pensión.

Otro dato alarmante es que de 4 millones de salvadoreños aptos para trabajar, solo 600,000 cotizan en las AFP, mientras los que trabajan por cuenta propia y el enorme sector informal, no tienen derecho a un solo centavo para los años de su vejez. ¿Habrá algún gobierno que tenga el valor de iniciar una campaña para incorporar al sector informal al sistema previsional, y convencer al pueblo que aumentar la edad de jubilación no es un daño, sino un beneficio? Son medidas impopulares, que no generan votos pero que son prioritarias para un gobierno responsable.

Maestra.

13 abril, 2019

Acerca del Autor

Teresa Guevara de López

teresa.guevara


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