En El Salvador tenemos un gobierno de la gente y para la gente? ¿O se trata de un gobierno para los políticos y los militantes de los partidos? La calidad de los servicios públicos no mejora, pero las cifras del número de plazas del gobierno y los salarios asignados sí. El Estado ha sido utilizado durante décadas para mantener a simpatizantes, más que para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
El tamaño del gobierno debería estar directamente relacionado con la población y con las actividades desarrolladas al interior del sector público. Entre más grande es el aparato estatal, mejor debería ser la calidad y efectividad de los servicios prestados. Esta debe ser la correlación. Según datos presentados por la revista Forbes en 2017, los países escandinavos tienen el más alto índice de contratación gubernamental del mundo. Del empleo total de cada país, el gobierno de Noruega absorbe el 30 % de los empleados, Dinamarca el 29.1 %, Suecia el 28.6 % y Finlandia el 24.9 %. Estos son países donde hay una relación directa entre impuestos pagados, cantidad de empleados públicos y calidad de servicios públicos prestados. Y es lo que no pasa en nuestro país.
En El Salvador no sabemos con cuántas personas podría o debería funcionar el aparato estatal. Las instituciones no tienen delimitado cuántas personas realmente necesitan para que la institución realice su trabajo de manera normal; el límite lo han encontrado en la manera de justificar una plaza o en la disponibilidad de fondos para pagar los salarios, no en algún factor serio. Y la calidad de la mayoría de servicios públicos deja mucho que desear.
Según datos publicados por este periódico la semana pasada, en los últimos diez años el Estado aumentó su planilla en 37,118 plazas entre el gobierno central, las empresas públicas y las instituciones descentralizadas. El gasto en remuneraciones pasó de $1,451.5 millones a $2,840.3 millones entre 2008 y 2019; cerca de la mitad del presupuesto general de la nación es utilizado para pagar salarios. Además, hay casos inexplicables donde los funcionarios de instituciones como el Tribunal de Ética y la Corte de Cuentas, PROESA e incluso algunos alcaldes, ganan más que los presidentes de los tres órganos fundamentales del Estado.
El servicio público salvadoreño ha respondido a un estado clientelar, donde la constante ha sido la incorporación como funcionarios o empleados de personas activistas o de cuadros partidarios; se ha dejado de un lado la evaluación de capacidad y mérito para optar a los puestos públicos. Hay más plazas y mejor pagadas, pero la calidad de los servicios sigue por los suelos. Que a nadie le extrañe el descontento de la ciudadanía que paga impuestos con la clase política que avala y fomenta esta mala utilización de recursos públicos.
Las malas prácticas que durante décadas se han mantenido en relación al servicio público deben cesar. La implementación de leyes que unifiquen el régimen de los funcionarios y empleados, los requisitos y formas de contratación, salarios y beneficios, deben ser discutidos de manera amplia, sin satanizar de entrada que se tratan de reformas en detrimento de los trabajadores.
El reto del nuevo gobierno es implementar los mecanismos de evaluación del servicio público. Esto pasa por determinar cuáles son los empleos necesarios en cada institución financiada con fondos públicos, analizar si las personas que ocupan esas plazas cumplen con el perfil requerido para el cargo y retirar las plazas y personas que no brindan ningún resultado. Esto aliviaría las finanzas públicas y mejoraría la calidad de los servicios públicos en el país. No se trata de revanchismos partidarios ni cacería de brujas. Hay que remover de forma seria la grasa en el recurso humano del Estado.
Abogada