El artículo 3 de la Constitución establece un principio básico de nuestro Estado de Derecho: que “todas las personas son iguales ante la ley”. Lamentablemente, como muchas, dicha garantía constitucional no se cumple. La experiencia de desigualdad es una de las razones por las que muchos —estemos o no de acuerdo— justifican sus propias causas. Así se justifican la lucha armada de los años 80, las reivindicaciones sindicales laborales, el cierre de calles a la circulación vial para hacerse escuchar, hasta los que llegan al extremo irrazonable de buscar justicia por su propia cuenta. Por eso Voltaire con acierto expresó que los pueblos a quienes no se les hace justicia, más tarde o más temprano se la toman por sí mismos.
La corrupción, caracterizada por la apropiación de cuantiosos fondos públicos, en beneficio particular de corruptos y corruptores, es causa de que falten importantes recursos que se reflejan en las indignas deficiencias en la atención de salud, educación pública de baja calidad y cobertura, y una agobiante inseguridad pública que mina la salud mental y emocional de la gente, exponiéndole cada día, además, a un mayor riesgo de ser víctima de la violencia delincuencial. Por eso la corrupción no solo se trata de millones de dólares perdidos, sino de una silente y brutal desigualdad ante la ley; de una execrable violación a los derechos humanos más elementales.
Dicho esto, sería esperable que el combate a la corrupción fuese una prioridad de la actividad estatal, pues el Estado a través de sus Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y demás entidades de control de la gestión pública, y del sistema de justicia, como la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República, deberían coadyuvar desde sus atribuciones, en teoría, a cumplir los fines del Estado, que son la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Pero no es eso en realidad lo que el ciudadano percibe ni recibe. Al contrario, está convencido de que en su gran mayoría, los funcionarios que ejercen el poder, escasamente miran para otro lado que no sea el de sus propias conveniencias, o los intereses de aquellos a quienes buscan proteger.
Que la Corte Suprema de Justicia reafirmara en su acta de sesión del 31 de enero, que los juicios por enriquecimiento sin causa solo pueden entablarse dentro de los 10 años de haber cesado en el cargo el funcionario investigado, ya lo señala sin duda la misma Constitución. Lo que el acta sugiere es que las investigaciones inconclusas, en el estado en que se encuentren, pasados los diez años, se deben archivar.
Si bien la acción civil por enriquecimiento ilícito, caduca —es lo correcto en lugar de prescribir— si no se ha entablado, finalizados los diez años, no sucede lo mismo con las posibles acciones penales ni de extinción de dominio, que de las investigaciones mismas se puedan derivar. Por ello la Corte Suprema de Justicia, a pesar de dicho plazo, está obligada a concluirlas, e informar a la Fiscalía lo que en su caso resulte pertinente. Es preciso además reglamentar el proceso de verificación y defensa en la Sección de Probidad, pues no es justo dar a unos cinco días y a otros muchos meses.
La Fiscalía de Douglas Meléndez nos presentó como un logro la condena abreviada del confeso Tony Saca. Fue bueno, aunque bastante cuestionable; pero ahora, la Fiscalía de Raúl Melara nos presenta un similar arreglo, con pena excarcelable, a cambio de la confesión por lavado de dinero, de la esposa de Saca. Al margen de que no desconocemos que es una salida permitida por la ley, se reavivan ciertas dudas y nos deja a la opinión pública con la triste percepción consagrada de que ante la ley no todos somos tratados iguales…
Razón tuvo Platón cuando exclamó: “La peor forma de injusticia es la justicia simulada” y Cicerón en la antigua Roma cuando declaró: “Cuanto más leyes, menos justicia”, y el premio nobel Pablo Neruda cuando escribió: “El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”.
Abogado y Notario