Cuando en 2002 entró en vigencia la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje (LMCA), dimos la bienvenida a una normativa que marcaba un antes y un después en el desarrollo del arbitraje como método de solución de conflictos. Se trató de una ley que, al recoger algunas de las recomendaciones de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, permitió un avance sustancial y una innegable mejora en los procedimientos arbitrales.
Una ley que fue buena para esa época, pero que rápidamente quedó obsoleta por el desarrollo del arbitraje, por la consolidación de prácticas internacionales que resultan incompatibles con ese cuerpo normativo, por el dinamismo del comercio internacional actual y, lamentablemente, por algunas modificaciones que en el camino se introdujeron vía decretos legislativos.
La importancia de contar con una adecuada normativa en materia de arbitraje ha sido reconocida en la mayoría de países, incluidos nuestros vecinos cercanos, quienes se han dado a la tarea de reformar sus respectivas leyes o de promulgar otras que logren compaginar con las más recientes prácticas en el arbitraje. Valga hacer notar que El Salvador ha adquirido obligaciones internacionales plasmadas en varios de los tratados suscritos, donde se compromete a contar con una normativa adecuada que fomente y desarrolle el arbitraje.
Es más, El Salvador con poco éxito, ha estado intentado propiciar un clima de negocios adecuado y ha estado intentando generar mayores niveles de inversión, pero en los planteamientos existentes hasta el momento, en ningún lado ha aparecido un esfuerzo por dotar a los inversionistas de un mecanismo más adecuado para solventar sus eventuales disputas. Pienso que ya no podemos seguir difiriendo esa tarea.
Necesitamos contar con una nueva Ley de Arbitraje que haga desaparecer de una vez por todas el dañino recurso de apelación que la Asamblea Legislativa le incorporó a esta institución poco tiempo después de perder (¡qué casualidad!) un arbitraje.
Necesitamos una ley de arbitraje que se ocupe solamente del arbitraje y que deje para otros cuerpos normativos, si acaso, la regulación de otros mecanismos de solución de disputas. Una ley que regule adecuadamente la facultad cautelar de los árbitros y que elimine la ya cansada discusión sobre la posibilidad que los árbitros tienen de adoptar medidas provisionales o precautorias.
La práctica nos obliga a requerir de una ley que deje absolutamente claro, que las normas del Código Procesal Civil y Mercantil no tienen absolutamente nada que estar haciendo en un proceso arbitral; una ley que permita tramitar incidentes no previstos o no regulados como hoy por hoy ocurre con las acumulaciones de procesos o los arbitrajes multiparte.
No podemos seguir sin una ley que prevea la existencia de los denominados laudos provisionales y resuelva cuáles son los mecanismos de impugnación y de ejecución de estos mismos laudos. Una ley que no vaya al revés de la práctica mundial y que no prevea la equidad como norma supletoria ante la falta de estipulación de las partes. Una ley que establezca plazos razonables para que las partes puedan presentar adecuadamente sus casos y para que los árbitros tengan el tiempo necesario para comprenderlos.
Una ley que no contenga causales de anulación de laudos que distan mucho de ser compatibles con la práctica internacional, que ordene los mecanismos de impugnación y recusación, que flexibilice el procedimiento y, en fin, que compatibilice las mejores prácticas en materia de arbitraje internacional.
De esto ya existe una propuesta trabajada por varias instituciones. Hace años, el Capítulo Salvadoreño del Club Español del Arbitraje, el Centro de Estudios Jurídicos, FUSADES, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, prepararon un proyecto que sometieron a discusión con otras instituciones, con políticos, empresarios y con el gremio de abogados.
Como en muchos otros casos, se requiere únicamente la voluntad política para reconocer una necesidad y para darle una solución pronta a esa necesidad. Insisto: cualquier esfuerzo por generar inversión adicional en nuestro país, debe pasar por reconocer que requerimos contar con una nueva Ley de Arbitraje.
Doctor en Derecho, abogado y docente universitario