El “plan cuscatlán” prioriza la prevención en materia de seguridad. Se refiere a la “inclusión social” como estrategia para alejar a los jóvenes de las pandillas. Con este propósito la próxima administración impulsará el arte, el deporte y la cultura. También ofrece becas, infraestructura productiva, empleo joven y la creación de centros de desarrollo comunitario.
Como implementadores del plan se identifica a un equipo de gobierno integrado por las carteras de seguridad, educación, salud e infraestructura; y agregan a los encargados de promover la transparencia, la innovación y la tecnología.
La inseguridad continúa alejando a los inversionistas, provoca ansiedad y miedo en la población y margina al país presentándolo como una nación violenta y sin cohesión social. Hasta ahora los gobiernos han administrado el problema sin encontrar una solución integral. Las elevadas tasas de homicidios y extorsiones no han disminuido sostenidamente en los últimos tres quinquenios.
Se presentan oscilaciones en la cantidad de asesinatos de un mes a otro pero los repuntes al alza son más frecuentes. Asimismo las extorsiones siguen con cifras oscuras de denuncias porque las víctimas temen las represalias de los pandilleros. En general no hay una estrategia efectiva para combatir a la delincuencia. Tampoco existe una política criminal y además falta determinación gubernamental para reorientar los recursos necesarios en la atención de esta crisis.
La combinación de varias instituciones públicas dentro del equipo de seguridad es una buena decisión. Sin embargo los altos índices de criminalidad y la violencia social que testimoniamos diariamente exigen una transformación del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y una revisión exhaustiva de la Policía Nacional Civil y la Inspectoría General, de la Academia Nacional de Seguridad Pública y de la Dirección General de Centros Penales.
Cuando en el pasado se dispuso fusionar en una sola instancia los campos de la justicia y la seguridad se debilitó el vínculo con el resto de instituciones del sector justicia. El Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República aportaron en el pasado valiosas recomendaciones para atacar los distintos tipos delictivos. Las reformas aprobadas a finales de los noventa e inicios del dos mil para erradicar el secuestro fueron el resultado del debate entre el Ejecutivo, los administradores de justicia, la PNC y la Asamblea Legislativa. Las gremiales empresariales, a través de sus abogados, se sumaron como un actor protagónico en esta tarea.
Concentrado en el ámbito de la justicia, el titular de ese ministerio tendrá más espacio para la planificación estratégica y podrá analizar, con mayor rigor, las reformas estructurales de carácter legal e institucional para enfrentar la epidemia delincuencial. Su relación con el fiscal, los diputados, los jueces y la sociedad civil, incluyendo a las asociaciones de abogados y a los empresarios, tendrán que celebrarse con la periodicidad y la urgencia que requiere la actual situación.
Adicionalmente la información estadística podría fluir con mayor consistencia y objetividad. Por ahora siguen las contradicciones entre Medicina Legal, la PNC y la FGR en cuanto al número de homicidios. Sin datos exactos las tácticas de las autoridades para encarar a los malhechores fracasarán repetidamente. La creación de un observatorio a cargo de este ministerio, con ayuda de la cooperación internacional, podría ser otra herramienta eficaz para delimitar nuevos proyectos.
Por otra parte la PNC debe recuperar la mística que le impregnaron los acuerdos de paz. No se trata únicamente de asignarle más dinero y equipar como se debe a los agentes. Es indispensable rescatar la confianza de los ciudadanos en la institución policial. Para este fin se requiere de un plan de incentivos, de la depuración constante del cuerpo policial, de la discusión acerca de la formación que reciben los futuros policías y del protagonismo de la Inspectoría General para sancionar severamente los comportamientos indebidos de algunos miembros de la corporación.
A estas tareas, propias de un ministerio de seguridad, se añaden otras como la coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y con otros países para la formación de los cuerpos de investigadores en la PNC, el seguimiento al Plan El Salvador Seguro, y la administración de los centros penales para convertir a las cárceles en verdaderos centros de readaptación.
Restablecer la seguridad es un reto de dimensiones extraordinarias. Las reformas tibias solo postergarán las consecuencias y profundizarán las secuelas. De manera similar al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, cuando concentró todo su potencial en rescatar la tranquilidad para esa ciudad, el presidente electo debería considerar este tema como el más importante para el siguiente quinquenio.
Doctor en Derecho y politólogo