El presidente electo ha prometido más inversión pública y privada en el país. Nada más alentador teniendo en cuenta que es una de las condiciones requeridas para dinamizar la economía. Los otros factores están vinculados con la seguridad pública, la tramitología y un efectivo Estado de Derecho. Para estimular la inyección de dinero público en la construcción de infraestructura estratégica y en la compra de bienes y servicios el nuevo Gobierno se enfrentará a un sinnúmero de trabas que burocratizan la adopción de resoluciones y aplazan la ejecución de los planes.
Ciertamente el control establecido en Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) intenta evitar tratos corruptos. Sin embargo, con el afán de transparentar las transacciones, la legislación tiende a interpretarse con tal rigidez que detiene o con suerte dilata por meses la toma de decisiones. De manera muy resumida, en la obtención de un servicio y en la adjudicación de una obra pública, la LACAP dispone la obligación de elaborar los términos de la licitación, publicarlos, recibir ofertas, someterlas a la comisión de evaluación, examinar los términos económicos y técnicos de los oferentes, comparar y decidir en base a una ponderación previamente determinada, cuál de las empresas se acerca al puntaje requerido para ser elegida, dar a conocer al ganador y tramitar los recursos de revisión cuando los perdedores no están de acuerdo con el resultado del proceso. Con suerte, si no se declara desierta la licitación, no se interponen quejas o estas son resueltas prontamente, el trámite podría prolongarse entre tres y seis meses.
Cualquiera que llegue a un ministerio, alcaldía, institución autónoma u otra instancia pública se frustra con semejante calvario. Algunos buscan “veredas” y deciden apelar a la “contratación directa”. Esta última procede en situaciones excepcionales. Son varias las causas que la permiten pero destacan las emergencias nacionales por catástrofes, la especialidad del servicio a adquirir y cuando una licitación es declarada desierta por segunda ocasión. Quienes utilizan esta modalidad deben comunicar las razones al Consejo de Ministros. Para algunos esta forma abreviada afecta la transparencia y puede dar lugar a pactos amañados.
Muchos ministros temen incumplir la ley y prefieren retrasar los proyectos hasta obtener una opinión legal. Aún y con dictámenes jurídicos varios funcionarios han sido procesados por la Corte de Cuentas o por los tribunales de justicia. Esta situación provoca un grave estancamiento en las carteras de Estado. Para agilizar la inversión pública conviene discutir mecanismos que, además de remover trámites enredados, garanticen al mismo tiempo la legalidad y prevengan la corrupción. Entre otros medios podría pensarse en más auditorías concurrentes por la Corte de Cuentas de la República, en la aplicación de procedimientos similares a los utilizados en el Fomilenio I y II, y en el respaldo de organismos como el PNUD para que acompañe las licitaciones de principio a fin.
El examen de la Corte de Cuentas puede ser previo, concurrente y posterior a la inversión. Para que la norma general sea la auditoría concurrente esta institución tiene que contar con suficientes recursos financieros y humanos. Acompañar a las instituciones públicas sin demorar la realización de la obra pública, además de asegurar el buen uso de los impuestos, reduciría las ansiedades de los responsables de administrar los respectivos presupuestos. Si escasean los fondos entonces pueden establecerse algunos requisitos para la determinación de los casos que ameritan este tipo de auditoría. Por otra parte cuando se negoció el Fomilenio I se acordaron reglas específicas en materia de contratación de bienes y servicios excluyéndose expresamente el empleo de la LACAP. La claridad con la que ambos “compactos” se han manejado nos anima a recomendar el examen de esa normativa y su adecuación a las iniciativas de inversión más importantes del Ejecutivo y del resto de instituciones estatales. Finalmente la intervención de instancias internacionales como el PNUD, que colaboró con el MOP en la gestión de Gerson Martínez para asegurar la limpieza de las licitaciones, es otra de los métodos que el próximo presidente debería considerar.
Por supuesto que los asocio público - privados, en los que se aprovecha la experiencia y los recursos del sector privado, nacional y extranjero, y la terciarización de servicios, como los proveídos en un tiempo por Bienestar Magisterial cuando los maestros llevaban a sus hijos a hospitales privados y luego los médicos cobraban a esa institución los honorarios profesionales devengados, son otras de las salidas para que el presidente electo pueda cumplir con su promesa.
Doctor en Derecho y politólogo