La institucionalidad para el diálogo

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27 February 2019

Con la segunda alternancia en el Ejecutivo, protagonizada por un actor no vinculado a los dos partidos mayoritarios, surgen retos estratégicos en materia de gobernabilidad. En el próximo quinquenio no se podrán enfrentar los grandes desafíos del país sin dialogar. Es necesario concertar las condiciones de nuevos préstamos internacionales, eliminar los obstáculos para atraer inversión, generar confianza y certidumbre a los empresarios locales, combatir la inseguridad y la corrupción a través de un gran consenso social, y entablar un renovado vínculo con los sindicatos.

A las autoridades entrantes les corresponderá revisar y, quizás, rediseñar la institucionalidad para el diálogo. Por ahora nos encontramos estancados. Hablamos mucho y concretamos muy poco. Hasta su tercer año, la administración vigente había constituido 17 espacios entre comisiones, mesas, consejos, comités y grupos consultivos. Al final de su gestión el presidente Sánchez Cerén habrá mostrado disposición para esta práctica pero tendrá un déficit muy preocupante en la implementación de lo pactado. En comparación con su antecesor, el actual mandatario no utilizó la rivalidad y las discrepancias con los empresarios como estrategia para ganar popularidad. Por el contrario llamó a éste y a otros sectores a discutir temas relevantes en amplios foros donde, si bien abundó el análisis, escasearon los resultados.

El presidente electo y sus colaboradores deben poner atención a la metodología para alcanzar acuerdos nacionales. En este ámbito importa el número de participantes, la representatividad de los convocados, el conocimiento de los temas a discutir, el respaldo técnico para la búsqueda de información y la cooperación internacional con miras a estudiar el tipo de solución aplicado a similares problemas en otros Estados. Cuando corresponda también se requerirá del respeto a la autonomía de estos foros por las autoridades de turno.

En la primera administración del FMLN se instaló el Consejo Económico y Social (CES). Se trató de una instancia, que utilizada adecuadamente, habría permitido un intercambio de ideas y la generación de confianza entre trabajadores, empresarios, académicos y consumidores. No obstante el compromiso de Naciones Unidas como secretaría técnica, la intervención gubernamental impidió el normal funcionamiento del CES. En varias partes del mundo ni el presidente ni los funcionarios del gabinete participan como miembros y actúan más bien como receptores de los productos que surgen del debate. En todo caso su obligación es la de garantizar el debido presupuesto de operación. En España, por ejemplo, los informes del CES sobre la situación del empleo y los déficits sociales representan un insumo destacado para los ministros porque son diagnósticos y propuestas que cuentan con el consenso de los dos grandes pilares del sector productivo además del aval de los centros de educación superior.

Si en el CES fue la intromisión del Estado la que neutralizó sus efectos, en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) ha sido la incontable cantidad de integrantes la que ha burocratizado a esta entidad. Ciertamente no podemos restarle mérito al trabajo de este Consejo. El Plan El Salvador Seguro y su empleo en algunos municipios lo distinguen de otras iniciativas similares que fracasaron en el camino. Sin embargo debe revisarse su estructura con la finalidad de crear un comité más reducido en el que expertos en la temática analicen los distintos programas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de la PNC y de organismos privados respaldados por consultores internacionales como el exalcalde de New York, Rudolph Giuliani.

Por otra parte se requiere de un diálogo político de alto nivel. Entre la interpartidaria de 2006 y el pacto de Ataco de 2015 han sido muy escasos los intentos por conseguir entendimientos entre las fuerzas políticas. Se ha pretendido escribir líneas gruesas para atender la asfixiante deuda pública, la criminalidad y la desaceleración económica. Sin embargo los partidos, o no han cumplido con lo convenido o se han construido arreglos cosméticos que pretendieron lavar cara frente a la población. El presidente electo tiene razón cuando rechaza las prácticas del pasado en materia de “negociación” con los grupos parlamentarios y los líderes de los institutos políticos. Lo que no puede es descartar su compromiso de buscar una convivencia razonable que permita una sensata relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Solo así podrá mantener la armonía entre los Órganos de Estado y cumplir con su oferta electoral.

El diálogo debería ser la condición para transitar sin mayores sobresaltos hacia el desarrollo social, político y económico.

Doctor en Derecho y politólogo