La lucha contra la corrupción fue la principal oferta electoral del presidente electo. A diferencia de muchas de sus otras propuestas, algunas dudosamente realizables, ésta es la que conectó más fácilmente con la decepción y el deseo de cambio de la gente, penetrando en el imaginario colectivo, sin mayor esfuerzo, con las pegajosas frases de campaña que exigían que “los mismos de siempre devolvieran lo robado”. ¡Hagamos historia!, dijo y tuvo un paseo de campo…
Fue fácil de asimilar como promesa electoral, pues fueron precisamente los actos de corrupción presidencial, confesados por Tony Saca, y de los que aún huye el señor Mauricio Funes, lo que terminó con la paciencia de la gente, que en gran mayoría ha confiado casi a ciegas en aquel que prometió acabar con las prácticas de corrupción, una nueva forma de hacer política y que el dinero alcanzaría cuando nadie lo robara... Con semejante proposición, la gente simplemente encontró a su vengador.
Las expectativas creadas son muchas. Y como a quien mucho se le da también mucho se le exigirá, Nayib Bukele tiene por delante la enorme responsabilidad de empezar su gestión, con la mayor credibilidad y coherencia posibles. Debe empezar él mismo “con sus manos y su chaqueta limpias”. Eso significa que como mínimo debe explicar, aclarar e incluso solucionar todas aquellas situaciones que en torno a su transparencia aún generan ciertas dudas: su situación tributaria, a causa de la remisión que Corte Plena hizo a la Fiscalía, de los hallazgos generados en su investigación patrimonial; la publicación que, previo a la elección, reveló un medio digital sobre el presunto favorecimiento de amigos, en contrataciones de la Alcaldía Municipal; y sin olvidar, de dónde salieron tantos millones para financiar la exitosa campaña presidencial.
Una comisión internacional contra la impunidad, para claridad de la gente, implica reconocer por parte del Estado que se ha fallado en el orden y control institucional, y que habiéndose agotado las posibilidades propias como nación, el Estado, incluyendo a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto al resto de entidades que participan en la función de control institucional y social, se declaran por acción u omisión, incapaces de hacer frente, desde sus propias facultades, a la corrupción e impunidad.
No estimo en absoluto que estemos en tal punto de desgracia institucional, ni Nayib Bukele ha ofrecido una Comisión similar, con las amplias facultades de promoción de la investigación penal, como sí se facultó a la CICIG de Guatemala, o en su caso, a la MACCHI de Honduras. El presidente electo ha medido ese riesgo, y solo nos ofrece una especie de grupo asesor internacional. Eso tampoco es poco ni debe descartarse, pues en el combate a la corrupción, lo que suma no resta…
He sostenido en el pasado que nuestro país presenta serias debilidades en sus instituciones, pero tampoco está en el nivel raquítico de Estado de Derecho al que llegaron Honduras y sobre todo Guatemala; y, que ante los avances mostrados hasta hace poco en la Sección de Probidad, Fiscalía General y la Sala de lo Constitucional, una “CICIES” no era para nosotros una real necesidad. Pero los nuevos tiempos me indican algo que resulta del todo predecible, y es que debemos admitir, que ante el rol actual de tales instituciones, pareciera advertirse que estamos en una etapa de clara paralización o de posibles retrocesos.
A lo anterior hay que agregar una Corte de Cuentas de la República, que en la prevención de la corrupción presidencial, ha mostrado con creces su completa inutilidad. Un Tribunal de Ética Gubernamental, que sancionando a funcionarios corruptos o con evidentes conflictos de interés, trabaja dando un paso hacia adelante y otros cuatro hacia atrás. Sin dejar de mencionar el gran desafío del nuevo Fiscal General, que más allá de lo que resuelva sobre su nombramiento la Sala de lo Constitucional, su desvinculación material partidaria será una duda, que solo su trabajo imparcial acabará pronto por descartar.
En fin, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero es irrefutable que lograr la recuperación moral, económica y social de El Salvador, pasa por hacer del combate a la impunidad, la principal misión que el presidente electo debería comenzar a liderar, teniendo presente lo que el poeta Quinto Horacio ( 65 a.C.) sabiamente señaló: “que si el vaso no está limpió, lo que en el derrames fatalmente se corromperá”.
Abogado y Notario