El Chaparral: monumento a la corrupción

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05 February 2019

Varios años y avisos a la Fiscalía pasaron, hasta que finalmente están siendo llevados a enfrentar la justicia, quienes utilizaron el proyecto de la presa hidroeléctrica El Chaparral para presuntamente cometer delitos de lavado de dinero y activos, peculado, cohecho activo y agrupaciones ilícitas.

Con este caso, se le suman más acusaciones al expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en la Nicaragua de Ortega, hasta donde huyó evitando ser capturado por los presuntos crímenes que bien sabía él, había cometido en complicidad de sus más cercanos.

Este proyecto, además de representar un penoso caso de pérdida para el erario, se constituye como el más grande monumento a la corrupción, cometida por un funcionario a quienes muchos entregaron su confianza para conducir el país.

De Funes ya no nos sorprende nada relacionado a su actuar criminal. Es la actuación —o falta de ella— de las instituciones encargadas de supervisar o como dice el portal de la Corte de Cuentas de la República: “Fiscalizar la administración de los recursos públicos, para contribuir a la transparencia y mejora de la gestión gubernamental”, la que nos sigue debiendo.

A Funes incluso le entregaron un finiquito, sin objetarle nada de su corrupta gestión.

Desde 2012, año en que CEL pactó con la empresa constructora Astaldi, para finalizar un contrato que, por las condiciones en que se había realizado era posible irse a un litigio internacional, estuvimos denunciando las evidentes irregularidades cometidas. El solo hecho de que Funes prefiriera pagar el 50 % de un proyecto ejecutado en menos del 30 % era motivo para investigar.

Afortunadamente, el tema ya llegó a los tribunales y aunque no se logre recuperar todo, se trata de un caso que debe de servir como referencia a la ciudadanía, para exigir mejores personas en puestos públicos y más transparencia por parte del Estado.

En 2015 propusimos en la Asamblea Legislativa, la creación de una comisión especial que investigara las irregularidades en la construcción de El Chaparral, pero no tuvo el apoyo necesario, por lo que se desestimó.

Según estándares internacionales, desde un principio se sobrevaloró el proyecto, ya que para una presa de 66 MW la inversión debería rondar los $2 millones por megavatio, para un total de $132 millones, sin embargo, en 2008 la empresa Astaldi ganó el proceso con una oferta de $219 millones.

En 2009, el entonces superintendente de la Siget pidió suspender la obra debido a que se detectaron anomalías en el proceso de concesión que Siget otorgó a CEL; así como en el proceso de licitación, sin embargo, lejos de ser escuchado, fue separado de su cargo.

El fiscal general anterior dejó tan importante caso sobre la mesa de su sucesor. Hoy nos enteramos que los problemas en ese proyecto continúan, pero queremos pensar que finalmente, quienes se aprovecharon de sus puestos para saquear al Estado, rendirán cuentas a la justicia y la ciudadanía exigirá que se le rindan cuentas reales en lo referente al uso de sus aportes al fisco.

Diputada