El próximo Presidente asumirá el poder en un país dividido, inseguro y endeudado. Tendrá que enfrentar a una sociedad ansiosa de resultados que padece desempleo, migra porque considera que su futuro en El Salvador es incierto y vive con miedo. Tomará las riendas de una administración secuestrada por el clientelismo político, donde la militancia de los partidos ocupa buena parte de los puestos en las oficinas públicas. Encontrará un sector empresarial desencantado, sin confianza en las autoridades, agobiado por las extorsiones de las pandillas y frustrado porque no se concretan los acuerdos a los que se llega en las mesas y comisiones convocadas por el Ejecutivo.
Pasada la euforia del triunfo, la población exigirá el cumplimiento de las promesas de campaña. La mala calidad de los servicios públicos estará en primera fila. La mejora del transporte, de la infraestructura escolar y de la atención en los hospitales nacionales será innegociable. También vendrán los reclamos de los sindicatos. El pago de los escalafones para los médicos y profesores, un salario digno para los policías y, en general, la demanda de más prestaciones sociales para los empleados estatales, pondrá a prueba la determinación del presidente para buscar un equilibrio entre estas peticiones y la fragilidad de las finanzas públicas.
El nuevo gobernante deberá encarar a una sociedad civil organizada que ha demostrado un creciente interés en la lucha contra la corrupción. La sospecha será su peor enemiga. Con la banda presidencial vendrá endosado un dedo acusador que no tendrá reparo en imputarle delitos desde su primer día en Casa Presidencial. Para varias de estas organizaciones será “culpable” hasta que se demuestre su inocencia. Si no transparenta la inversión en publicidad, los viajes al exterior, el uso de los gastos reservados y el manejo del presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado, empezará con “pie izquierdo”.
Su capacidad para negociar y formar alianzas con los distintos grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa será decisiva. Si pretende imponerse sin debatir sus propuestas verá obstaculizada, año tras año, la aprobación del presupuesto general, no contará con el aval para nuevos préstamos internacionales y podría sufrir una “atrofia legislativa” que hará más difícil la gobernabilidad en su quinquenio. A mediados de 2020 empezarán “los efectos” de los comicios legislativos y municipales de marzo de 2021. Apenas tendrá 12 meses para impulsar las principales apuestas de su plan de gobierno antes que el resto de fuerzas políticas comience a razonar en “clave electoral”.
En los siguientes cinco años el nuevo gobernante tiene la obligación de recuperar la confianza en la clase política. La disminuida lealtad ideológica y partidaria de los ciudadanos, la indiferencia respecto del tipo de régimen que los gobierna, la percepción de un bajo nivel de progreso y la idea que la economía familiar no mejorará en el futuro, presionarán al mandatario tentándolo con adoptar medidas populistas alejadas de políticas públicas sostenibles en el tiempo.
Entre 2019 y 2024 el Presidente debe liderar la reforma del Estado. La ley de la función pública, una nueva ley de probidad, la modernización de la autoridad electoral, la revisión del mecanismo de las elecciones de segundo grado, el fortalecimiento de las instancias que integran el sistema anticorrupción, los avances en el acceso a la información pública, aunque no dependen del Ejecutivo, retomarán brillo si el mandatario, con el apoyo de organizaciones civiles y de la comunidad internacional, dirige la discusión, contribuye con iniciativas de ley e instruye a su ministro de justicia para colaborar con los otros Órganos de Estado.
En política exterior el Jefe de Estado tendrá que corregir la plana. Su primera tarea será condenar, enérgicamente, a los regímenes nicaragüense y venezolano. El embajador en la Organización de los Estados Americanos será fundamental. Insistir con posturas tibias, absteniéndose cuando el pleno de este organismo pide aplicar la Carta Democrática Interamericana, es inaceptable. Como presidente electo podría anunciar su respaldo a Juan Guaidó sumándose a las decenas de países democráticos que ya reconocieron como legítimo su gobierno. La definición sobre la relación con China, el restablecimiento de la credibilidad del país ante la administración Trump, un plan concreto para ayudar a los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos y una política de repatriación de los beneficiarios del TPS también estarán esperándolo. ¡Bienvenido Presidente!
Doctor en Derecho y politólogo