La semana pasada hice referencia al incremento de homicidios que experimenta el país desde hace algunas semanas. Expliqué que la capacidad de las pandillas para aumentar y disminuir la cantidad de asesinatos a su antojo sugiere que continúan siendo organizaciones fuertes y lo suficientemente estructuradas como para organizarse a nivel nacional. Esto, argumenté, contradice el discurso triunfalista con el que están acostumbrados los funcionarios oficialistas a jactarse de la modesta reducción que, hasta hace poco, reflejaban las estadísticas policiales. El alza sustancial de ataques en contra de personal policial y castrense agrega una capa de complejidad a este problema.
He escuchado a algunos analistas hablar con ligereza sobre las motivaciones detrás de la ola delincuencial deliberadamente ocasionada por las pandillas. Me asusta cómo algunas lecturas se plantean como verdades absolutas cuando el escenario es mucho más complicado que atribuir la crisis que experimentamos a explicaciones extremadamente limitadas. Hay presiones implícitas por el próximo proceso electoral, que empujan la narrativa y el debate sobre el tema al campo político, con la intención de que se pueda emplear como arma electoral. Así he escuchado posturas en las que los políticos y sus adeptos acusan a sus rivales en la contienda de tener un pacto con las pandillas para recrudecer la criminalidad.
Algunos analistas han caído en esta trampa, ofreciendo lecturas calcadas de las versiones remachadas una y otra vez por figuras partidarias y sus seguidores. El escenario, sin embargo, es más escabroso que las explicaciones que plantean.
Aunque en círculos de inteligencia se habla de una negociación que involucra a cabecillas que ostentan posiciones en lo más alto de la estructura jerárquica de las pandillas —que busca compensar la escasa presencia en el territorio del candidato y el reducido tamaño de los partidos con los que busca la presidencia— la estrategia pandillera parece ser más amplia y complicada. No se limita nada más a un solo acuerdo.
Lo que estamos experimentando es consecuencia directa de “la tregua”. Sus arquitectos crearon una estrategia para legitimar la negociación entre el Estado y las pandillas que se puede dividir en múltiples componentes. Uno de ellos fue propiciar y formalizar acercamientos entre cabecillas pandilleros y gobernantes locales. Esto, como lo evidencian distintos procesos judiciales, se tradujo en alianzas perversas entre políticos y pandilleros. Los vínculos creados lograron convertirse, en muchos casos, en relaciones interdependientes. Así los responsables de “la tregua” atomizaron la negociación que iniciaron al más alto nivel para darle legitimidad, convirtiéndola en una práctica que aspiran adoptar todos los grupos pandilleros.
Las pandillas no operan en función de una ideología. Establecen alianzas con actores de su entorno por su potencial adquisitivo. Entablan relaciones con quienes perciben tienen más que ofrecerles. Esta es la parte de complica la situación y que exige que las lecturas entorno a esta dinámica no sean sesgadas o limitadas.
Es importante, sin duda alguna, denunciar y poner en evidencia acuerdos oscuros entre políticos y cabecillas pandilleros. A todos niveles. Debemos de hacerlo. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de advertir que neutralizar la alianza que se está señalando no implica el fin del problema, sino que simplemente abre la posibilidad para que otros busquen acuerdos con las estructuras criminales. Esto especialmente importante en esta coyuntura, ya que al observar que la vacante puede ser ocupada por otro, tácitamente se plantea esto como un tema sobre el que se tiene que cuestionar a los candidatos y, en consecuencia, un tema que deben de considerar en de forma explícita en sus propuestas y discursos.
Criminólogo
@_carlos_ponce