La asunción de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y el exilio en Costa Rica del periodista nicaragüense, Carlos Fernando Chamorro, revelan una América Latina en continua efervescencia política, en la que aún se encuentran en disputa el respeto de las libertades y el reconocimiento de los principios de la democracia liberal.
Por otro lado, la creciente indiferencia de los ciudadanos con el tipo de régimen que les gobierna, señalada por el Latinobarómetro de 2018, muestra una región en la que a un importante segmento de electores no les importa si siguen en democracia o si llega un personaje con rasgos autoritarios, con tal que se solvente su situación personal y la de su familia.
Los que abren las puertas a los totalitaristas no son únicamente los que sufren por el desempleo y por la inseguridad. También algunos empresarios, empecinados en conservar su éxito a cualquier precio, se rinden ante la presión de gobernantes que ambicionan la concentración del poder político.
Así sucedió en Nicaragua, donde Ortega monopolizó la acción política y dejó al sector privado la actuación en el ámbito económico. La explosión social del pasado 18 de abril les demostró a los hombres de negocios que no es posible desvincular un tema del otro. Sin instituciones independientes se termina asfixiando la libertad de expresión, la de manifestación y reunión, la de contratación y la sagrada posibilidad de celebrar elecciones libres, transparentes, periódicas y justas.
Tanto en Venezuela como en Nicaragua se agotó la paciencia de los ciudadanos. Los mismos que antes agradecieron el asistencialismo que les alivió temporalmente las carencias, ahora rechazan la represión de la que son objeto por quienes ofrecieron la solución inmediata de los problemas nacionales. De la misma manera las gremiales empresariales, que callaron cuando las instancias públicas eran cooptadas por el régimen, hoy piden el restablecimiento del orden constitucional.
Sin embargo, mientras venezolanos y nicaragüenses se enfrentan ante la opresión estatal con la finalidad de recuperar el funcionamiento normal del sistema político, en otras naciones crece el desencanto con la democracia, cala el discurso en contra de los partidos y se tolera todo tipo de acciones, incluso fuera de la legalidad, con tal que el trabajo gubernamental se encamine a resolver las súplicas sociales en el corto plazo.
La ola de protestas por la corrupción, por la falta de eficacia gubernamental y por la clase política tradicional como la responsable de los males de la sociedad, está alimentando el odio, haciendo renacer sentimientos nacionalistas y, lo que es peor, está fragmentando los sistemas de partidos dificultando el respaldo que necesitan los gobiernos para atender las demandas de la gente.
Ciertamente estos y otros dilemas justifican el reclamo de la población y avalan su exigencia para que lleguen otros a gobernar. Lo inaceptable —y sin duda muy preocupante— es el tipo de “líderes” que en las últimas dos décadas han surgido de las urnas. Ya son varios millones de latinoamericanos los que están contribuyendo a desmantelar la estabilidad política y a complicar la gobernabilidad democrática, además de allanar el camino a personajes mesiánicos.
Lo hacen por el enojo y por la impotencia que les causa la indiferencia de las autoridades de turno ante la precaria realidad que afronta la gran mayoría de personas. Así lo consideraron quienes llevaron a Chávez a la presidencia y los que toleraron el abuso de poder de Daniel Ortega. Asimismo lo permitieron ahora los millones de mexicanos que probarán suerte con Andrés Manuel López Obrador en los próximos seis años y con Jair Bolsonaro, el militar brasileño que asumió la presidencia el pasado 1 de enero.
Guaidó y Chamorro encarnan la lucha de quienes quieren rescatar la Nación. Pretenden reparar el error de los que, en su desesperación legítima y razonable por alimentar, curar y educar a sus hijos, cedieron las instituciones a tiranos que aliviaron artificial y temporalmente las peticiones afligidas de los habitantes.
Solo recuperando la buena política, la que se traduce en obras y resultados sostenibles en el tiempo y financieramente, la que confía en funcionarios públicos bien formados, en instituciones sólidas y en una sociedad civil que los controle, se detendrá la hemorragia de populismo que por ahora sangra sin control en la mayoría de países latinoamericanos.
Doctor en Derecho y politólogo