Sin condiciones para fraude

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07 January 2019

¡Fraude, fraude, fraude! Eso están algunos gritando desde ya sobre las elecciones del 3 de febrero. Tenemos décadas de que eso no se da en nuestro país y nos costó caro: una guerra y miles de muertos. Es irresponsable y mal intencionado hablar de eso hoy cuando no hay condiciones para que se dé.

A un mes de las elecciones presidenciales, en el ambiente se ha generado un discurso de posibilidad de fraude electoral que puede ser peligroso. Una de las situaciones más dañinas para cualquier democracia es llegar a un proceso electoral donde se ponga en duda el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y bajo una nube de fraude. Nos puede llevar a un conflicto indeseable para la sociedad salvadoreña.

Desde hace años he sido muy crítica de la labor del TSE. Pareciera que a dicha institución le falta mucho trabajo y acciones para creerse a cabalidad el calificativo que la Constitución le ha otorgado de “autoridad máxima en materia electoral”. Le ha faltado un rol más protagónico en la defensa de los intereses ciudadanos al momento de ejercer el voto y le ha cedido ese control a los partidos políticos; además, ha descuidado la resolución de casos jurisdiccionales, centrando toda su atención en la organización de elecciones. Pero hay una gran diferencia entre estar inconforme con la actuación del TSE, que siempre podría mejorar, y los señalamientos que se le hacen de fraude electoral.

En elecciones pasadas el TSE ha mostrado deficiencias en la transmisión de resultados, problemas de logística y de organización que no debieron darse. Además, el trabajo de las mesas de votación no debería ser un ámbito exclusivo e incuestionable de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, cuando es su obligación verificar la aplicación de la ley electoral y de los instructivos emitidos para garantizar la pureza de las elecciones. Pero estos errores, que son totalmente superables en la próxima elección, nunca se tradujeron en indicios de fraude electoral.

También hay que señalar que los humos de fraude o de bloqueo a “la voluntad popular” no son nuevos. Con la pasada inscripción del partido político “Nuevas Ideas” se acusó al TSE, en distintas circunstancias, de “proteger un sistema que quiere un cambio”. Al final vimos que el partido se inscribió sin mayor reparo y que las actuaciones del TSE no eran trabas, sino de una aplicación de la normativa electoral vigente.

Sin duda hemos avanzado desde las épocas que generaron el conflicto armado en El Salvador, donde el rol del Consejo Central de Elecciones era duramente cuestionado y existían indicios de fraudes electorales. La situación ha cambiado. Ahora, el TSE tiene demasiados ojos sobre sus labores; hay intervención y control de todos los partidos políticos de cada paso que se da en la elección; hay mayor vigilancia ciudadana y existe la intervención de observadores nacionales e internacionales; las instituciones que colaboran o podrían intervenir en la elección (Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Sala de lo Constitucional, entre otras con un papel menos visible) han tenido un rol más activo y relevante.

El reto de todas las instituciones es trabajar activamente para que se disipe la narrativa dañina el fraude electoral. Lo que peligra ante ello no solo son las elecciones presidenciales, sino la estabilidad de nuestra democracia. El mayor peso de esta responsabilidad recae sobre el TSE, por lo que ojalá hoy sí se crea el papel de máxima autoridad en materia electoral.

Abogada