El delito de la extorsión continuó siendo una de las principales fuentes de ingreso para el crimen organizado, pandillas y oportunistas en El Salvador durante 2018, a pesar de los megaoperativos, capturas y condenas impulsados por la FGR y PNC con sus áreas especializadas.
Durante los últimos tres años se ha golpeado las finanzas y organización de estas estructuras criminales como nunca. Es innegable que ha sido un gran año de trabajo para ambas instituciones privilegiando la prueba técnica pericial y la investigación científica del delito.
La extorsión es una industria criminal de gran desarrollo en el denominado Triángulo Norte; se ejerce por teléfono, por internet, cara a cara sin ninguna vergüenza, por medio de papeles o escritos, utilizando niños, niñas y adolescentes, entre otras modalidades, y la principal herramienta de los criminales es infundir temor por medio de amenazas; hicieron crecer el miedo a los micros y pequeños empresarios, vendedores por cuenta propia, emprendedores, incluso la mediana y gran empresa por proteger a sus colaboradores o que les permitan vender sus productos han pagado la mal denominada “renta”.
¿Hemos perdido la batalla contra el delito de la extorsión? La respuesta es no. Hay avances y logros destacados por la FGR y PNC, pero no es suficiente. La extorsión impide la vida plena y libre de todo aquel mujer o hombre que tiene que tomar la decisión de pagar. Ante el temor, los criminales se volvieron más “productivos” entre horas hombre de criminales contra altos ingresos lucrativos obtenidos, $756 millones para el año 2014 según el BCR. Por lo anterior sugiero, con todo respeto, a los tomadores de decisiones que consideren las siguientes sugerencias:
-Reducir la credibilidad de la amenaza, pero ¿cómo? Combatiendo los homicidios y privaciones de libertad.
-Fomentar y facilitar la denuncia a la población. Esto implica generar la confianza en las instituciones y los procesos de garantía de confidencialidad y protección a víctimas y testigos previo a la llegada del caso a sede judicial.
-Acercar la justicia a la población con sedes móviles en los mercados municipales, colonias, barrios, zonas comerciales a donde la presencia sea no solo disuasivo sino permita un FGR y PNC próxima a la comunidad.
-Montar negocios fachada en zonas claramente identificadas donde hay múltiples comercios y comerciantes bajo extorsión, o giros específicos como transporte colectivo, para que personal encubierto y especializado logre conocer los diferentes métodos y proceder a la captura.
-Campaña de comunicación permanente durante todo 2019 en todos los medios y redes sociales para informar sobre formas de operación, modalidades, y generar confianza a todos los salvadoreños.
-Dotar a la FGR y PNC de mayor equipo, personal técnico y analistas, tecnología, software, vehículos.
-Definir una política para el comercio informal que permite a las estructuras criminales lavar el dinero y montar negocios de fachada producto del dinero de las extorsiones.
-Las alcaldías deben colaborar con el registro y control de toda actividad comercial.
-Desarrollar una estrategia por zonas, sectores, avenidas, ya que al golpear una estructura de zona se libera a múltiples personas y comerciantes al mismo tiempo.
Se debe terminar con la mentalidad que la extorsión es el delito más sencillo de cometer en El Salvador. Se trata de disminuir drásticamente esta tipología criminal, como en su momento fueron los secuestros, y se resolvió con la asesoría y asistencia de la ANEP, y de establecer que si deciden continuar o involucrarse deberán correr mayor esfuerzo y riesgo por el mismo dinero.
Experto en seguridad y criminología