No necesitamos una nueva Constitución

descripción de la imagen

Por

16 December 2018

Esta semana se celebra el Treinta y Cinco Aniversario de la Constitución de la República de El Salvador de 1983. Tres décadas en las que se ha caminado de manera lenta entre la asimilación, aceptación y cumplimiento de las normas establecidas para procurar la convivencia democrática. Pasamos de una Constitución percibida como una carta de buenos deseos para el país a, en los últimos años, reconocer a la Carta Magna como un documento vivo y de obligatorio cumplimiento. Este camino debe continuar.

La semana pasada se inició un pequeño pero importante debate a tener en cuenta en los próximos días. ¿Necesitamos una nueva Constitución? El candidato a la vicepresidencia por el partido GANA, Félix Ulloa, manifestó en un programa radial su intención de promover reformas constitucionales o cambiar totalmente la Constitución, ya que considera que algunas partes están “agotadas”. Esto puede convertirse en un conjunto de buenas intenciones que tracen el camino a un sendero empedrado.

Hay que aclarar varios puntos. Primero, Ulloa habló de una reforma parcial relacionada con el funcionamiento de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas de la República. Estas reformas podrían ser necesarias, pero es un asunto que se debe analizar de manera técnica y sin influencia de aspirantes al Ejecutivo. Además, una reforma institucional de este tipo, tal y como lo establecen las disposiciones de reforma constitucional salvadoreña, debe ser impulsada desde el Legislativo; solo a través de este órgano se puede lograr la más amplia representación y consenso del pensamiento político salvadoreño.

Segundo, hablar de un cambio total de la Constitución puede resultar una medicina peor que cualquier enfermedad. Un nuevo texto abre la posibilidad a redactar la mejor Constitución del mundo. Pero también puede ser la oportunidad de alterar aspectos tan fundamentales en una democracia como la forma y sistema de gobierno, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y la existencia de instituciones de control. En un ambiente nacional e internacional donde las credenciales democráticas de los gobernantes se están poniendo en duda, hablar de una nueva Constitución puede ser un riesgo.

Antes de pensar en una reforma o cambio de la Constitución debemos hacer conciencia del cumplimiento de la que ya tenemos. La mayoría de crisis institucionales que ha atravesado el país son producto de un desconocimiento de las normas constitucionales existentes, así como de una falta de cultura constitucional de muchos funcionarios, quienes por cumplir con sus intereses personales pasan por alto la aplicación de la misma. Esas crisis no fueron producto de la falta de regulación. Las disposiciones están ahí, solo falta que se respeten y se cumplan.

De vez en cuando, en el trabajo por la consolidación de un Estado de Derecho, me gusta leer un pensamiento del exmagistrado del Tribunal Constitucional español Manuel Aragón Reyes: “La Constitución solo podrá durar en un pueblo determinado si pasa a formar parte de su cultura política. La mejor Constitución, socialmente desarraigada, tendrá un incierto futuro; una Constitución imperfecta que logre la aceptación popular puede, en cambio, asentarse firmemente. De ahí la importancia de la educación constitucional en la escuela, del cultivo del estudio de la Constitución en la universidad, de la difusión popular de su significado, de la adecuación entre el objeto de la Constitución y las necesidades sociales de cada momento. Fomentar, incrementar, asegurar en suma, esta aceptación generalizada de la Constitución no es solo una necesidad, sino también el mejor legado”. No necesitamos una nueva Constitución; nos falta que los ciudadanos la volvamos propia, respetemos sus principios y procuremos que esta se cumpla.

Abogada