Dear senators and representatives:
Ustedes aprobaron una ley que obliga al Departamento de Estado a presentar una “lista negra” de personas, incluyendo los funcionarios públicos que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiamiento ilícito de campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Las relaciones entre estados son recíprocas. En teoría, porque sabemos que en la práctica no lo son, porque hay estados con más poder y otros con más sumisión. Sin embargo, solicito al gobierno salvadoreño a presentar una lista negra de “personas, incluyendo los funcionarios públicos que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiamiento ilícito de campañas” en los Estados Unidos.
Cierto, tendrá poco efecto, porque nosotros a estas personas no les podemos confiscar sus bienes, porque no los tienen parqueados en Centroamérica. (By the way, ¿por qué no incluyeron Panamá? ¿Será porque ahí sí tienen guardado su dinero los corruptos de Estados Unidos?) Nosotros les podemos negar visas, pero ellos no necesitan viajar a nuestros países que consideran “shitholes”. Sin embargo, hacer la lista sería interesante, aunque simbólico. En política cuenta lo simbólico.
Vamos a ver cuál lista saldrá más larga - y más jugosa. Vamos ver en cuál de las dos listas aparece un presidente en el ejercicio del poder...
Ya que pusieron en su ley el problema de financiamiento de campañas electorales, quiero ver si personajes como Bob Mercer y los hermanos David y Charles Koch, quienes han financiado la campaña de Trump y otros republicanos con decenas de millones de dólares, tendrán homólogos en Centroamérica que les lleguen cerca en la práctica de comprar políticas públicas. Solo Mercer gastó 41 millones en campañas republicanas, y existen sospechas que otro tanto fue canalizado desde cuentas en Panamá…
Para entender la corrupción institucionalizada en el sistema de financiamiento de campañas electorales y en el trabajo de los grupos de interés (lobby), instalados en el Congreso los que elaboran nuestra lista negra, pueden consultar fuentes bien reconocidos:
Bloomberg (https://www.bloomberg.com/quicktake/u-s-campaign-finance);
The Brookings Institution (https://www.brookings.edu/opinions/event-summary-political-corruption-in-the-united-states-and-around-the-globe/)
Transparency International (https://www.transparency.org/news/feature/corruption_in_the_usa_the_difference_a_year_makes)
Ironía aparte, hay un problema serio detrás de esta legislación de Estados Unidos: La “lista negra” no será resultado de procedimientos y condenas judiciales, sino la decisión sobre a quiénes incluir y someter a sanciones (y a quiénes no) está en manos del gobierno. Y para más asustar, en manos del Secretario de Estado Mike Pompeo, uno de los personajes más cuestionados en el circo Trump. No nos olvidemos de la tradicional consigna de la política exterior de Estados Unidos: “Pueden ser hijos d.p., pero son nuestros h.d.p.”.
Y no solamente será interesante saber a quiénes de nuestros políticos quieren joder, sino igualmente a qué nombres prefieren obviar. Por ejemplo, ¿aparecerán al fin los nombres de los intocables, Herbert Saca y José Luis Merino?
La “lista negra” de Mike Pompeo tiene que presentarse en enero 2019, en la fase caliente de la campaña presidencial nuestra. ¿Vamos a dejar al gobierno de Estados Unidos una palanca tan fuerte para decidir nuestras elecciones?
No podemos evitar que ustedes publiquen su lista negra. Pero sí podemos decir desde ya: No vamos a reconocer a su State Department como tribunal supremo de corrupción para Centroamérica. Ustedes jamás le darán poder judicial en su país. Why should we?
Yours faithfully, Paolo Luers