Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que hace su trabajo desde afuera después que el presidente de ese país, Jimmy Morales, lo expulsara por los casos de corrupción que han judicializado junto a la Fiscalía General de la República y que incluye al mismo mandatario, aseguró que todo lo que ha hecho no ha constituido ningún acto contra la soberanía de ese Estado.
El comisionado de la CICIG, que ha sido confirmado en su cargo por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, habló ayer en El Salvador sobre el trabajo que han hecho en Guatemala desde que se estableció en diciembre de 2006.
La CICIG , según el acuerdo que se firmó con la ONU y el Estado de Guatemala, tiene como finalidad apoyar a la Fiscalía General de la República en la persecución penal para desarticular estructuras criminales de gran poder que afectan el goce de los derechos civiles y políticos de los ciudadano y tienen capacidad para propiciarse impunidad, expresó el diplomática.
Además, entre sus atribuciones está el propiciar propuestas de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales que impidan la reaparición de esas estructuras criminales, explicó.
Todo lo que se ha hecho como investigaciones, girar órdenes de captura, solicitar informes financieros, interceptación telefónica, se ha hecho por medio del Ministerio Público y no por la Comisión, aclaró.
Si la CICIG solo formula propuestas, son las son las autoridades nacionales las que tienen la responsabilidad de definir si adoptan esas políticas públicas, si aprueban proyectos de ley, si aceptan esas reformas legales, insistió sobre las facultades del organismo internacional.
“Si de lo que se trata es de apoyar y formular propuestas, no es cierto que la CICIG afecte la soberanía nacional”, de Guatemala, dijo.
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Velázquez expresó que las críticas que se le han hecho a la Comisión, de que divide a la sociedad y afecta la soberanía nacional, los que lo asumen como tal es porque quieren continuar disfrutando de la impunidad y del control del Estado.
Velásquez aseguró, desde el lado guatemalteco, que es mucho más difícil ejercer presión sobre un ente internacional, como la CICIG, que sobre una institución nacional cuando se presenta una gran injerencia de intereses de diversos sectores “y diversa intensidad, especialmente en su sistema de justicia”.
“La Línea” evolucionó
Uno de los casos que conmocionaron Guatemala fue el de “La Línea”, una estructura criminal que involucró al ex presidente, Otto Pérez Molina; y su vicepresidente, Roxana Baldetti y otros funcionarios. Baldetti ya fue condenada a 15 años y seis meses de cárcel por participar en un fraude millonario para descontaminar un lago de la capital.
Según Iván Velásquez, en el acuerdo de creación del organismo se establece que en Guatemala aún existían cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que la comisión los identificó como estructuras criminales de gran poder, reconoció la existencia de un “Estado capturado que no representa ni propicia el interés general sino los el interés de sus captores”, explicó.
A esos grupos la institución les denominó como redes político económicas ilícitas, que es una expresión moderna y actualizada de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad del pasado “no desaparecieron, sino que se fueron adaptando a los nuevos tiempo, aseguró el jefe de la Comisión.
De acuerdo con Velásquez, en el caso de “La Línea” encontraron que un jefe de estructura intermedia había sido, 20 años antes, un miembro importante de una red que era dirigida por altos oficiales del ejército dedicadas al contrabando.
Para luchar contra ellos, dijo, se necesita un poder judicial y un Ministerio público independiente.