La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; ente adscrito a la Organización de Estados Americanos, OEA, realizó audiencia la mañana de este jueves con un grupo de organizaciones de la sociedad civil que exigen mayor transparencia en el proceso de elección del fiscal general de la república para el período 2019 – 2021.
A la audiencia programada en el marco del 70 período de sesiones de la CIDH acudió el estado salvadoreño representado por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, envueltos en las temáticas de derechos humanos, quienes explicaron que habían girado invitación a la Asamblea Legislativa para estuviera en la audiencia, pero que no hubo respuesta.
En representación de la sociedad civil estuvieron la Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA; la Fundación Salvadoreña para Desarrollo, FUNDE; la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y Cemujer, aunado su enfoque a otras organizaciones sociales del país.
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Durante la audiencia se expuso en las pantallas la foto del ex fiscal general, Luis Martínez, condenado y procesado por múltiples delitos, desde perjurio, corrupción, obstrucción de justicia, entre otros delitos, sobre el epígrafe: “El fiscal que vendía justicia” para señalar la gravedad de la situación de elegir a una figura comprometida con grupos de poder que busquen impunidad.
La presidenta de la comisión, Margaret May Macaulay, y los relatores, Esmeralda de Troitiño, Joel Hernández y Edison Lanza, indagaron sobre el procedimiento que sigue la Asamblea Legislativa para la selección de las ternas que buscan el cargo de fiscal, entre ellos el actual titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez.
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Los demandantes exigieron que se hagan públicas las hojas de vida y todo el historial de los aspirantes, así como sus pericias para ocupar el cargo de fiscal, y sobre todo que la Asamblea Legislativa dictamine un mecanismo de elección con unas reglas claras de cómo se llevará el procedimiento.
La parte gubernamental se comprometió a trasladar a la Asamblea Legislativa los cuestionamientos de los relatores y un informe pormenorizado de la audiencia celebrada en la sede de la CIDH en Washington.
También dijeron que dado el corto tiempo, esperan que el proceso de elección del fiscal resuelva los escollos y quede concluido antes del 21 de diciembre, cuando el aparato de gobierno inicia las vacaciones de fin de año, pues la culminación del mandato del fiscal es el 5 de enero.