El Estado salvadoreño tendrá que responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las irregularidades que a criterio de varias organizaciones de la sociedad civil la Asamblea está cometiendo en la elección del próximo fiscal general.
La audiencia está programada para el jueves en la sede de la CIDH con sede en Washington y ahí estarán presentes representantes del Estado salvadoreño cara a cara con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado el proceso de elección, en conjunto con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) que también opera desde la capital estadounidense.
“La audiencia es para presentarle a la Comisión información sobre la falta de cumplimiento del Estado de El Salvador de los estándares internacionales” en el proceso de elección del fiscal general, dijo a El Diario de Hoy la experta de nacionalidad peruana y miembro de DPLF, que se apresta para intervenir en esa audiencia.
Por parte de las organizaciones de la sociedad civil del país acudirán con sus respectivos argumentos, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Fundación para el Estudio de la Aplicación del Derecho (Fespad) y Cemujer, entre otras agrupaciones.
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“El Estado va estar sentado ahí y va a tener que responder sobre la forma en que están incumpliendo estos y tendrá que responder en un plano de igualdad; estaremos sentados los dos: los peticionarios y el Estado”, explicó Indacochea, en entrevista telefónica.
Preocupante proceso
A criterio de la miembro de DPLF, es preocupante que la Asamblea Legislativa haya iniciado el proceso de elección y de entrevistas a los 32 aspirantes a fiscal general, sin echar mano de los parámetros que se utilizan internacionalmente para este tipo de nombramiento de funcionarios de segundo grado.
“Una cosa que nos preocupa es que el proceso (de elección) se haya convocado y se hayan presentado los candidatos sin tener reglas claras de cómo se va evaluar objetivamente sus méritos; no hay baremos, no hay reglas para las entrevistas, no hay ninguna regla”, dijo Indacochea.
La abogada peruana aseguró que acudieron a esa instancia internacional teniendo como antecedente la atropellada elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el cual los diputados incumplieron con los estándares internacionales y con la misma Constitución de la República.
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“Podría existir algún requerimiento de la Comisión al Estado salvadoreño para mejorar este proceso que todavía no termina, pero lo más importante es que se van a señalar las falencias de este proceso, inclusive podría dar lugar a que se impugne (la elección), podría impugnarse porque realmente los vicios son muy graves”, apuntó Indacochea.