A un mes de que los diputados se vayan de vacaciones de Navidad y fin de año, en medio de la elección del Fiscal General de la República y a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, aún no tienen claridad de cómo resolverán el financiamiento de $600 millones de las partidas que en el presupuesto General de la Nación del próximo año no tienen suficientes fondos, entre ellas, el pago de subsidios al gas y la energía eléctrica.
El diputado del PCN, Mario Ponce, calificó la discusión del presupuesto como “una bomba de tiempo” en la Asamblea y que existe una “incertidumbre” en este tema.
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Los diputados de la oposición no están anuentes a endeudar más al país, a raíz de la última recomendación del Fondo Monetario Internacional, que advirtió que el país debe bajar el saldo de la deuda pública, porque ya alcanzó cerca del 70% del Producto Interno Bruto, dejando muy poco margen para la inversión.
La oposición critica que aunque el gobierno ha tenido ingresos altos en préstamos e impuestos, no ha sabido administrar el dinero y se va todo en plazas y gastos superfluos.
Pero por otro lado, está en ciernes la elección presidencial del próximo año, por lo que no avalar un presupuesto acorde a la realidad podría pasar una factura muy cara al partido que se quede con el Ejecutivo y con el agravante que en el presupuesto está el fondo que el Tribunal Supremo Electoral ocupará para desarrollar los comicios.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, solicitó a la Asamblea que le financien el presupuesto de 2019 con $1,400 millones, de los cuales $600 millones son para completar el financiamiento de varias instituciones, y otros $800 millones para pagar deuda de eurobonos que se vence en diciembre del próximo año.
En cuanto al pago de la deuda de eurobonos hay un consenso entre los partidos de que es una obligación ineludible y que mal harían sino avalan honrar el compromiso, pues se pone entredicho el récord crediticio de El Salvador ante las calificadoras de riesgo.
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Para cumplir con esta responsabilidad, Ponce, del PCN, y Rodolfo Parker, del PDC, coinciden en que si hay atraso en aprobar el presupuesto, se puede avalar antes un decreto por aparte para saldar la deuda de eurobonos por $800 millones.
El diputado Mario Tenorio, de GANA, dijo que no es “inviable”, pero todo dependerá de las discusiones. Damián Alegría, del FMLN tampoco puso objeción.
Pero diferente es la situación sobre el financiamiento de $600 millones con deuda para gasto corriente que el gobierno pide. Parker dice que en las discusiones de la Comisión de Hacienda, se dan cuenta que el rubro de remuneraciones para 2019 sigue siendo alto en varias entidades como CEPA y CEL y que no va en concordancia con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
“Siempre está aquello que es una primera impresión que hay muchas contrataciones, que no estamos reduciendo el rubro de remuneraciones”, afirmó Parker.
La redistribución del presupuesto no se ha tocado de fondo, por lo que ante un posible escenario de que no logren acuerdo antes de que termine el año, la ley establece que se debe utilizar el mismo monto del presupuesto de 2018 que fue de $5,520.5 millones.
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Sin embargo, Hacienda dice que para el buen funcionamiento del ejercicio fiscal de 2019, se necesitan $6,733.2 millones.
En este punto, los diputados tienen un dilema por resolver, que se los impuso la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante una sentencia que los obliga a aprobar el presupuesto detallando el financiamiento de todas las partidas; es decir, no podrían aprobar el gasto anual sin incorporar la deuda que pide el gobierno o redistribuir los fondos.