No satisfechos con el nombramiento de algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa, representantes de las organizaciones de la sociedad civil ahora giran la mirada hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a quien piden que le entre de lleno a los casos de enriquecimiento ilícito que están paralizados, bajo el argumento de que no estaba completa la Corte Plena.
Tras 123 días de retraso, el viernes por fin los diputados eligieron a Aldo Cáder, Carlos Sánchez Escobar, Carlos Sergio Avilés y a Marina Marenco de Torrento como magistrados de la Sala de lo Constitucional, y a Roberto Calderón, para llenar la vacante de la Sala de lo Civil, aunque según expertos, es la Corte Plena la que decidirá a cual Sala lo manda (nota aparte).
Aunque no comparten del todo la manera de cómo se eligió a los funcionarios, ahora la sociedad civil vigilará que los magistrados recién nombrados cumplan con su deber constitucional, pero en especial exigen a la CSJ a que avance en los casos de enriquecimiento ilícito que están en el congelador.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), aseguró ayer que ya completa la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esta deberá de retomar el estudio de aquellos casos de Probidad que estaban a punto de emitirse resolución y los cuales quedaron paralizados desde julio pasado con el retiro de cinco de los magistrados por cumplirse su período.
Sociedad Civil denuncia que hay “cuotismo” en elección
En el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) también anunciaron que estarán vigilantes de la actuación de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y de que se agilicen los casos de Probidad pendientes de resolver.
“Exhorta a la CSJ a que retome de inmediato el análisis de las investigaciones de Probidad que injustificadamente mantuvo paralizada durante todos estos meses”, dice el CEJ a través de un comunicado.
El dirigente de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, también consideró que “tienen que ponerse al día con algunos temas que han estado detenidos como los casos de Probidad, creo que esas son de las primeras cosas que deben de hacer”.
Son varios casos de presunto enriquecimiento ilícito señalados a algunos funcionarios, entre ellos actuales diputados de la Asamblea Legislativa, que están engavetados en la Corte Suprema de Justicia bajo el argumento de que no estaba completa la Corte Plena.
Pero ahora las agrupaciones de la sociedad civil argumentan de que ya no hay excusas porque ya fueron nombrados los nuevos magistrados de la CSJ.
El CEJ y otras agrupaciones como el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) también demandan de la Asamblea Legislativa, a que realice cuanto antes reformas a su reglamento Interno para contar con reglas claras a la hora de elegir a los funcionarios de segundo grado y evitar retrasos como el ocurrido con los magistrados de la CSJ que superó los 4 meses.
“Demanda a la Asamblea Legislativa que asuma su total responsabilidad por todas las irregularidades que cometió en este proceso y que fueron señaladas desde distintos sectores sociales. Que inicie el desarrollo de reformas dirigidas a que tales vulneraciones no se repitan en futuros proceso de nombramiento de funcionarios de segundo grado”, dice el Centro de Estudios Jurídicos en su comunicado.
Sociedad civil auditará labor de la Corte de Cuentas
Las organizaciones de la sociedad civil estuvieron vigilantes durante todo el proceso de elección de los candidatos a magistrados a fin de que no prevalecieran las cuotas partidarias, sino que los funcionarios fueran nombrados por idoneidad, meritocracia y por experiencia profesional.
“Esta elección fue una prueba más de la mancuerna FMLN-GANA que querían tener posiciones dentro del ejercicio de elección sin tomar en cuenta la idoneidad de las personas”, dijo Jorge Daboub, de la organización Defensa Ciudadana de la Democracia (DECIDE).
No obstante consideran que algunos de los magistrados sí llenaron los requisitos de idoneidad, pero que otros fueron nombrados como parte de las negociaciones en secreto entre los partidos políticos.
“Esta idoneidad y esta meritocracia sí están presentes en la elección del día de ayer (viernes), pero también está presente el cuotismo político de algunos que los sacaron de la lista, porque seguramente son simpatizantes del partido GANA-FMLN”, apuntó René Hernández Valiente, presidente del IIDC y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional.
Javier Castro lamentó que hubo partidos políticos que intentaron imponer las cuotas partidarias, sin discutir sobre los méritos, perfiles y capacidad de los magistrados que fueron electos. Demandó de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional a trabajar de manera independiente.
“Unas personas que fueron electas estaban bien evaluadas, pero hay otras que no, y que no se deliberó públicamente sobre los méritos de éstas personas, tampoco”, dijo Castro, quien consideró que lo más transparente hubiese sido de que los magistrados propietarios y los suplentes los hubieran escogidos de los 15 candidatos mejor evaluados.
A los representantes del CEJ también les quedó ese sinsabor de que los partidos se decantaron más por personas afines, a que cumplieran con los requisitos que impone a la Asamblea la Constitución de la República para la elección de esos funcionarios.
“La Asamblea Legislativa realizó el nombramiento de magistrados bajo negociaciones fuera del escrutinio público, sin utilizar un mecanismo objetivo y transparente para evaluar a los 30 candidatos, interponiendo en algunos casos sus intereses partidarios por encima del interés público”, señala el CEJ en el comunicado.
Escobar, de Acción Ciudadana, consideró que existe entre los abogados que fueron nombrados la “posibilidad de que sean personas no independientes o sea de que los van a manipular los sectores. Eso es lo que palpable otra vez en esta elección”.
Consideró que se deben de superar los vicios que hubo alrededor de esta elección de magistrados para escoger al Fiscal General.
Hernández Valiente y Jorge Daboub lamentaron que Carlos Sergio Avilés y Marina de Torrento, una vez fueron nombrados hayan despotricado contra el uso de baremos y en contra de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron vigilantes de que el proceso de elección se hiciera de manera transparente y de cara a la ciudadanía.
“Nosotros estaremos vigilantes de que los nuevos magistrados se adecuen a la realidad que tiene este país, a las necesidades de los salvadoreños y a la importancia de que nuestras instituciones funcionen correctamente”, dijo Daboub.