Después de cuatro meses los salvadoreños siguen sin contar con una instancia que vele por sus derechos constitucionales, lo que ha generado más de 1,000 procesos estancados en la Sala de lo Constitucional por la acefalía al no haber cuatro magistrados que no han sido electos por los diputados ante la falta de consenso en los candidatos.
El Consorcio pide a la Asamblea elegir magistrados despojándose de “intereses partidarios y personales orientados a controlar la CSJ para entorpecer casos de investigación por enriquecimiento ilícito y manipular a la Sala de lo Constitucional, para debilitar los controles a los otros Poderes del Estado”.
Las organizaciones aglutinadas en el Consorcio: Fusades, el Capítulo Nacional de la Transparencia, de Funde, Fusades, el Centro de Estudios Jurídicos y Techo, cuestionan que no se observan “acciones determinantes orientadas a realizar una elección correcta. No se ha tenido una deliberación pública sobre los méritos de los candidatos y no se están tomando en cuenta mecanismos objetivos para evaluar la idoneidad”, reza el comunicado oficial.
Por lo anterior exigen a los diputados que “cumplan con su obligación constitucional deliberando con justicia y honestidad sobre la idoneidad de los candidatos, a fin de que se elijan a las personas más honestas, más preparadas e independientes”.
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La idea es que este viernes puedan elegir según trascendió ayer en la Asamblea. De acuerdo a Quijano este día convocará a la Comisión Política para ese fin.
Sin embargo, para el Consorcio por la Transparencia es “inaceptable” que algunos diputados estén buscando excusas y proponiendo maniobras contrarias a lo que dicta la Constitución”, por ejemplo, la propuesta que surgió el miércoles en la Asamblea, de elegir magistrados de la Corte Suprema para nueve años, pero dejar solo por tres años a los nombrados en la Sala de lo Constitucional.
De acuerdo al Consorcio eso viola la Constitución, así como plantear que se hagan “traslados de magistrados de otras Salas a la Sala de lo Constitucional, elección parcial llenando solo algunas de las vacantes o elegir magistrados para la Sala de lo Constitucional por periodos inferiores a 9 años”.
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“La función de los diputados es darle a la ciudadanía cuanto antes, magistrados que protejan sus derechos con imparcialidad, sometidos exclusivamente a la Constitución y las leyes y que estén dispuestos a combatir la corrupción, abonó Javier Castro, de Fusades.