Por la experticia que tiene en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) al haber sido uno de los creadores de esa ley, el exdiputado Jorge Villacorta considera que esa normativa debió ser el pilar del proyecto de construcción de tres mercados por más de $91 millones, cuyos contratos fueron firmados por el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, amparado en una ley de 1957.
Ante ello, Villacorta sostiene que el proceso debe ser investigado por la Fiscalía General y por la Corte de Cuentas. Y advierte que el actual concejo capitalino tiene la “obligación” de revisar los contratos y aclarar si son legales o no.
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Ahora que ha visto el documento del usufructo del terreno en la Escalón, ¿qué opina de la cláusula donde se habla de la tradición de dominio?
Sin ser abogado, pero en el sentido común se dice que en un contrato de usufructuo se entrega los productos que surjan del manejo de ese bien... Pero entregarle el dominio, la posesión, es decir, la propiedad del bien es uno de los temas que se debe quedar bien aclarado porque entregar la propiedad demanda otra situación de carácter legal.
El municipio es parte del Estado y por consiguiente no se puede entregar un bien en propiedad para uso público, ya que se dice que es para un mercado, por consiguiente es para uso público y no se puede entregar sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa.
Ya hay una jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en el tema del Sitrams.
La Asamblea debió haber conocido el proceso de entrega del dominio de ese terreno (en la Escalón).
¿Puede considerarse una concesión?
Es evidente que es una concesión porque se entrega dominio y control, aunque no tenga ese nombre, pero los hechos lo indican. Pero la Fiscalía tendría que investigar la legalidad del acto porque es un bien público.
¿Qué opina del proceso que siguió el exalcalde y un grupo de concejales para el proyecto de los mercados?
Es interesante como el doctor Fabio Castillo señala que votó en contra junto con otros concejales en el momento que la alcaldía, presidida por el señor Bukele, trató este tema. Lo que él señala nos lleva a decir que ese contrato que se firma con la empresa DSS y luego ésta vende las acciones a otra y esa empresa cambia de nombre... son elementos que nos llevan a considerar posibles anomalías que pueden, como dice también el doctor Francisco Bertrand Galindo, convertirse en responsabilidad patrimonial o de otro tipo.
Hasta ahora con lo mostrado por El Diario de Hoy y viendo los elementos del contrato rápidamente hay una evidente necesidad que tenga que aclararse por las instituciones del Estado que les corresponde. La Fiscalía tiene la obligación constitucional de intervenir en las concesiones de bienes estatales.
También tendría que intervenir la Corte de Cuentas para considerar si es legal lo que se ha hecho y si hay algún elemento de ilegalidad, siendo la responsabilidad del concejo que firmó este contrato; es importante que la Corte investigue la legalidad de tomar esa decisión sin los votos que demanda la ley.
La responsabilidad también es del concejo actual, tanto el alcalde Ernesto Muyshondt como el resto de concejales tienen la obligación de revisar este contrato y dejar claro si es legal o no lo es, porque existe la posibilidad que un tribunal, siguiendo la argumentación del doctor Castillo, considere que el contrato es nulo. Si eso fuera así tendrían que llevar el contrato a la Sala de lo Contencioso. También deben considerar la revisión en el contrato que deja solo el 25% de participación en la sociedad creada. Además pudieran considerar rescindir el contrato, porque hay daño al municipio.
Y el exalcalde Bukele, por su propio prestigio, debería exponer frente a las autoridades las explicaciones del caso.