Del listado de 33 profesionales que aspiran a ser electos Fiscal General de la República, 24 de ellos no presentaron a la Asamblea Legislativa la constancia de cumplimiento de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, según documentación oficial legislativa en poder de El Diario de Hoy, con base en los atestados y hojas de vida que los candidatos llevaron a la Asamblea.
La constancia de la Sección de Probidad es la que atestigua que los profesionales que han ostentando cargos públicos no están siendo investigados por enriquecimiento ilícito, pero según el exmagistrado José Néstor Castaneda Soto, en la convocatoria que hizo la Asamblea no solicitó dicho requisito.
Entre los aspirantes que no presentaron dicho documento se encuentran exfuncionarios como el exfiscal, Félix Garrid Safie Parada, a quien tampoco le aparece constancia de la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También está el exmagistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, Ulices del Dios Guzmán Canjura, abogado que, según el resumen técnico de la Asamblea, manifestó que las constancias de las entidades requeridas como la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas de la República y del Ministerio de Hacienda, y del Tribunal Supremo Electoral, entre otros, están “en trámite”, por lo que presentó la solicitud que ha hecho de dichas solvencias a las diferentes instituciones con fecha 30 de octubre del presente año.
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Además, hay funcionarios públicos actuales que pretenden llegar al cargo de fiscal, tal es el caso del presidente del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), Rony Huezo Serrano, quien además de no entregar la constancia de la Sección de Probidad, tampoco facilitó a la Asamblea la constancia de Investigación Judicial ni la constancia de antecedentes policiales.
Consultado al respecto, Huezo Serrano justificó que en la Asamblea no solicitaron la constancia de Probidad como requisito indispensable, y que es un documento que se lo dan al funcionario público hasta terminar su gestión.
“De Probidad no pidieron los comprobantes, pero no estaba dentro de los requisitos, lo de Probidad”, argumentó el funcionario.
En su caso, en el apartado de “moralidad notoria”, la Asamblea hace ver que “durante su desempeño como profesional del Derecho, no se encuentran señalamientos, sanciones, ni procedimientos en trámite, según constancias y certificaciones. Solamente el expediente 2068-UDCV-2005 de la Fiscalía, pero no especifica qué tipo de proceso tiene activo.
Huezo Serrano contestó que efectivamente fue un proceso por “conducción temeraria”, ya que se negó a hacerse la prueba de alcotest en 2005, pero aseguró que ese proceso ya está fenecido.
“No quise soplar el Alcotest cuando comenzó la ley. Nunca hubo prueba de alcotest por conducción temeraria. No es ningún expediente abierto, ya está fenecido”, afirmó Huezo Serrano.
El actual presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, José Néstor Castaneda Soto, también aspira a ser fiscal, sin embargo, está dentro de los funcionarios que tienen pendiente de entregar a la Asamblea la constancia de la Sección de Probidad, de la Dirección de Investigación Judicial de la CSJ y la del TSE que haga constar que no tiene pertenencia o vínculo con algún partido político está en “trámite”.
Castaneda Soto también justificó que no presentó constancia de Probidad porque la Asamblea no lo requirió como requisito.
De acuerdo al resumen sobre su moralidad notoria se destaca que de acuerdo a la Sección de Investigación Profesional de la CSJ, “no ha sido suspendido ni inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia para desempeñar su profesión, no tiene proceso activo, uno fenecido en esta sección”.
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Es notorio también en la documentación que presentaron los 33 profesionales, que la mayoría tampoco cumplió con otras constancias, solvencias y certificaciones requeridas para el cargo. Otros aspirantes argumentan que los papeles están en trámite.
La mayor parte de profesionales tiene pendiente presentar solvencias del Ministerio de Hacienda, de la Corte de Cuentas, constancias de la Sección de Investigación Judicial, del Tribunal de Ética Gubernamental, constancia de antecedentes penales y hasta constancia de la Fiscalía entidad a la que aspiran dirigir.
Hay otros casos de candidatos que resolvieron cumplir con el requisito de certificación del TSE de que no pertenecen ni tienen vínculo con algún partido político, entregando a la Asamblea constancias vencidas de la entidad electoral.
Por la falta de documentos, a la Asamblea le ha sido difícil argumentar si algunos candidatos poseen “moralidad notoria” para optar al cargo de fiscal.
Hay aspirantes de entre los 33 que llevaron sus currículum vitae a la Asamblea que han tenido procesos abiertos, pero estos han sido archivados por haber prescrito o fenecido, entre los delitos se cuentan los de “amenazas”.