El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, José María Tojeira presentó ayer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para solicitar se exija a los diputados cumplir con su obligación de elegir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil.
Los cinco magistrados debieron haber sido elegidos por los diputados 15 antes que asumieran sus cargos o antes del 16 de julio 2018.
Ante ese retraso de 115 días, los representantes del IDHUCA solicitaron que se imponga a los diputados una multa de $ 379,000 en concepto de responsabilidad patrimonial por no cumplir con el mandato constitucional al que están obligados.
Destacan 89 hábeas corpus (detenciones ilegales), 106 amparos (protección de derechos de las personas) y 12 inconstitucionalidades (leyes y decretos que riñen con la Constitución).
Algunas repercusiones
Una de las repercusiones al no haber Sala de lo Constitucional, ha sido la imposibilidad que el IDHUCA ha tenido de presentar un recurso a favor de las empleadas del hogar, tras recibir prestaciones inferiores por parte del Seguro Social, comparado a las de otros empleados.
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Tampoco se ha podido presentar un recurso en rechazo a las medidas extraordinarias por violar algunos derechos humanos y todavía son impulsadas en seis centros penales del país. En esos y otros casos, el IDHUCA está impedido de acudir a la Sala de lo Constitucional.
El abogado Manuel Escalante afirmó que se les ha negado el acceso al derecho a la información al no haber Sala de lo Constitucional.