Hace seis meses, el diputado de ARENA Norman Quijano asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa (AL), cargo que ostentará hasta finales de octubre de 2019, cuando será relevado por Mario Ponce, del PCN. Temprano en su gestión, Quijano denunció irregularidades administrativas y despilfarro en el Congreso. En esta plática, busca hacer un balance y contar sus prioridades y qué cosas lamenta no haber hecho en este periodo.
¿Cómo han sido sus primeros seis meses de presidencia legislativa?
Yo diría bastante complejos, a juzgar por las condiciones en que encontramos la Asamblea. Siempre se ha dicho que debe haber un balance entre lo técnico y lo político y lograr ese equilibrio ahí te obliga a construir consensos y a eliminar cosas que se dieron en el pasado, y no me refiero a una administración en particular. Además, la Asamblea ha sido una institución desprestigiada y con mucha razón los ciudadanos la han cuestionado. Hacer un esfuerzo para cambiar esa percepción del ciudadano al Legislativo ha sido algo a lo que nos comprometimos en la Junta Directiva. Eso nos ha llevado a tomar una serie de acciones como bajar de 14 directivos a 11. A mi juicio, pudieron haber sido seis, pero es un avance.
Para hablar de posibles avances, hablemos de qué presidencia heredó.
Mi partido no ha administrado la AL desde 2001. Para mí ha sido un verdadero reto decirle al ciudadano ‘vamos a hacer las cosas en forma distinta’. A 7 días de entrar, mostramos las 13 camionetas que tenía la Junta Directiva y tomamos la decisión en consenso que las íbamos a subastar. El 20 de octubre culminó la subasta y pedimos a 3 instancias que tutelaran el proceso, tuvo la venia y delegados de la Corte de Cuentas, del ministerio de Hacienda que certificaron los valúos de las camionetas, se puso un precio base y se estipuló que ningún diputado o sus parientes o empleados podían participar. Se vendieron once de las trece camionetas en subasta pública. Esto representó un ingreso importante de $313,600 para el fondo general de la nación.
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¿Hubo aciertos en las administraciones anteriores?
Yo tomé como premisa al llegar no confrontar por la coyuntura que vivimos de elección de magistrados, Fiscal General y elección presidencial, y no cuestionar o hacer señalamientos personales de las anteriores administraciones pero sí corregir. Me cuesta buscar elementos a destacar. Eso me llevó a tomar decisiones. Desde un inicio usamos tres palabras que resumen nuestra gestión: consenso, transparencia y austeridad. Por eso daremos un informe que ningún presidente ha dado.
Ahí se han dado situaciones, yo me he reunido con los cuerpos gerenciales de la Asamblea y la primera vez que me reúno con ellos me dicen que en 25 años en sus cargos nunca los había convocado el presidente de la Asamblea para ver cómo van las distintas unidades. Parece que los presidentes se enfocaban solo en lo legislativo y olvidaban lo administrativo, que es donde se dan los abusos.
Al inicio de su gestión surgió el tema de las plazas irregulares. ¿Qué avance ha habido en estos seis meses?
Desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el último día de abril de este año, hubo cerca de 500 contrataciones. Primero, suprimimos todas las plazas contratadas en el periodo. Hubo que hacer concesiones y consideraciones que no permitieron tener la efectividad que buscábamos.
Llegamos a tener 14 oficinas departamentales y una más para coordinar un trabajo que dejaba mucho que desear. La mayoría de los diputados ni iban. Tomamos la decisión de bajar las plazas a diez por sede, cuando antes había unas que tenían 27 o 28 empleados.
Luego hubo un decreto de la Asamblea Legislativa de retiro voluntario al que se acogieron unas 88 personas pero no nos beneficiamos en liquidez pues hubo que pagar indemnizaciones. Al llegar a la Asamblea vi que el rubro de remuneraciones ascendía a US$45 millones anuales. En febrero de este año, se tomó la decisión de que el presupuesto se iba a levantar a US$50.2 millones en remuneraciones, pero al llegar en mayo lo encontramos en US$52.2 millones. Esos dos millones finales yo tenía que ir a pedirlo a Hacienda a pedir un refuerzo, y eso era descabellado, así que ajustamos y vamos a terminar el ejercicio sin necesidad de ir.
En abril de 2018, la planilla mensual de la Asamblea era de US$3,672,353. El número de empleados era de 2,453. A esta fecha, en octubre, la planilla mensual es de US$3,491,523 y los empleados se han reducido a 2,275, es decir hay 178 empleados menos.
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Yo le he dicho a ministros y presidentes de autónomas que dejen sus camionetas. Nosotros decidimos no más seguro para empleados y diputados, pero lo tiene la Fiscalía, la Corte Suprema y muchas otras instituciones. Por cierto, la Asamblea no había colapsado porque desfinanciaron otras partidas de bienes y servicios, entre otras el seguro médico. Estaban más de US$3 millones que iban a servir al seguro pero se pasó a remuneraciones.
Con estos recortes, ¿en cuánto tiempo habrá un descenso sustancial en el presupuesto de la Asamblea?
Desde 2014 la Asamblea es de las pocas instituciones que no presentan aumento a su presupuesto. Hemos absorbido una inflación acumulada del 4% y ejecutamos un presupuesto de US$58.3 millones en 2018 y en 2019 también.
Eso nos llevó a recortar en todas las áreas posibles y el resultado está a la vista. Hemos dispuesto un ahorro en boletos aéreos, por ejemplo, de más de US$150 mil porque la Asamblea dejó de ser la agencia de viajes de los diputados. Esos ciento cincuenta mil más áreas como pergaminos, flores, etc. nos hace tener esa plata ahí. Al hablar de qué proyectamos queremos seguir bajando el número de los empleados de la institución. Y es que hay tres tipos de empleados: el primero es honesto, puntual, responsable que es la mayoría. A ese tratamos de estimular. Un segundo empleado llega y no tiene nada que hacer y se queda en el pasillo, sin escritorio y oficina, aunque tiene salario.
¿Cuántos empleados hay en esta categoría y de quién es responsabilidad que estén ahí?
Aquí hay cientos de empleados, en todas las áreas de la Asamblea y algunos grupos parlmentarios.
¿Qué grupos parlamentarios?
No escapa ninguno de los grupos, tenemos que hacer esfuerzos para esos recortes. Pero mayoritariamente están en lo institucional. Es gente que no hace nada y puede pasar sentado en una sala de reunión, pues no tiene oficina, pero llega porque si no marca se le cancela la plaza. Y hay un tercer tipo de empleado que no llega, fantasma, que le depositan su dinero en su cuenta de ahorro. A todo ese tipo de empleado, una vez con denuncia, los tratamos de sacar. Nombramos un nuevo auditor interno que nos reporta muchas cosas, no teníamos a nadie de confianza en ese rol. Les estamos siguiendo procedimiento porque la mayoría están en ley de salarios. Si fueran contratos se los cancelo al último de diciembre, pero no puedo. Si yo los despido sin reforzar el expediente de ellos, tendría demandas en lo Contencioso Administrativo. Ya tengo 48 de esas por despidos injustificados, me han demandado en la Organización Internacional del Trabajo en Costa Rica por despidos arbitrarios, cuando es despido de personas innecesarias. A ese tipo de empleado le seguimos un procedimiento, pues si eso no se hace, me tocaría pagarle de mi bolsillo su salario.
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¿Qué otras prioridades tiene además de sanear las finanzas?
El primer punto es el presupuesto. Alguien decía, quieren presupuesto, elijamos magistrados, como si fuera un canje. Aunque admito que es muy raro que esta vez presentaron un presupuesto real, no desfinanciado. Han pedido un financiamiento de US$1,400 millones de los cuales US$800 millones son para cancelar deuda que se vence pronto. Es un presupuesto sincero, con US$30 millones para el Organismo de Inteligencia del Estado. Más allá del número, es importante que se especifique el destino del dinero. Debe pasar a la historia que sean gastos reservados. De esos US$30 millones, debe saberse en qué se gastó cada centavo. Esa exigencia la haremos al aprobar el presupuesto que necesita los 56 votos por incluir financiamiento.
¿Están los votos para aprobarlo?
De momento estamos recibiendo a los jefes de cada cartera y le pedí a la presidenta de la Comisión de Hacienda que programara reuniones especiales para estudiar la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Es atrevido pensar que aprobaremos un presupuesto sin una nueva ley en esa materia y dijo que desde el próximo viernes lo abordarán. El gobierno dijo que bajaría en cada ejercicio fiscal un punto porcentual de déficit para que al terminar el quinquenio se le bajara 3 puntos al déficit y no se cumplió.
Usted mencionó que busca consensos, pero en política es poco efectivo para algunos fines. ¿En qué momento prevalecerá la efectividad sobre la búsqueda de consensos con todos?
Para nuestra administración es una mancha rendir un informe sobre 6 meses de nuestra gestión y no haber elegido magistrados. No evado la responsabilidad.
Pero el consenso no debe lograrse atropellando la Constitución, sino con apego a esta y por eso no menciono nombres de diputados que han fallado porque eso dificulta la atmósfera para decisiones importantes. Lo que a la Directiva le interesa es dar pasos para cambiar la percepción del diputado y la Asamblea, y que el ciudadano vea que hemos empezado. No puedes hacerla de Superman pero empezar es importante y ojalá quien me suceda traiga la misma intención.