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Fusades ve riesgo en la elección de Corte y Fiscal

Además, el tanque de pensamiento lamenta que el retraso en estas elecciones se ha convertido en "la norma" y no una excepción.
Fusades ve riesgo en la elección de Corte y Fiscal
Foto EDH / Archivo

Por Ricardo Avelar

24 octubre, 2018

“El atraso en las elecciones de segundo grado parece haberse convertido en la norma”, lamenta la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). En una reciente posición institucional sobre el tema, el tanque de pensamiento analiza el comportamiento de este tipo de nombramientos y destaca lo complicado que ha sido encontrar consensos en la Asamblea Legislativa.

Esta dificultad de lograr acuerdos sobre los mejores perfiles ha trastornado el objetivo de las elecciones de segundo grado, pues “en lugar de enfocarse en los méritos de los candidatos, [los diputados] convierten las discusiones en un reparto de cargos de elección indirecta”, critica Fusades.

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Con esto, añade la institución, incumplen la ley dos veces, pues la Constitución misma les manda a comprobar una serie de requisitos y seleccionar a los mejores perfiles para integrar las diferentes instituciones, así como nombrarlos a tiempo. Estas instituciones incluyen a la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras.

Al no elegir magistrados de CSJ a tiempo, la Asamblea pasa por alto lo que le ordena el artículo 131, numeral 19 de la Constitución. Al no certificar el mérito de los candidatos, también pasan por alto el artículo 176 de la Constitución que establece los requisitos para ser magistrado de la máxima instancia judicial del país. Entre estos, ser “abogado de la República, de moralidad y competencia notorias” y, a raíz de amplia jurisprudencia constitucional, no tener vinculación material o moral con ningún partido político.

Más de 100 días sin Sala de lo Constitucional

Esta reflexión de Fusades llega en un momento de retraso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, entre ellos cuatro de la Sala de lo Constitucional, cuyo cargo expiró el pasado 16 de julio. Este impasse afecta la protección que la Constitución hace de los salvadoreños, pues los funcionarios a cargo de interpretar la máxima ley e impedir abusos de poder aún no han sido nombrados.

Al respecto, Fusades indica que el retraso de la Asamblea Legislativa y las discusiones que se han dado en la Comisión Política “demuestran que la atención de los diputados no está enfocada en evaluar las competencias técnicas de los aspirantes a la CSJ, sus años de experiencia, sus credenciales académicas, ni sus méritos. Lo único que se ha presenciado […] han sido intercambios de listas propuestas por uno u otro partido político”.


Por otro lado, los diputados no solo llevan un retraso de más de tres meses, sino que no han establecido una tabla de evaluación para sistematizar el resultado de sus deliberaciones en Comisión Política.

Asimismo, Fusades señala que los diputados han perdido tiempo realizando foros cuando ya existe jurisprudencia al respecto que sienta clara la misión del Legislativo en este tipo de nombramientos: elegir en tiempo y por mérito, además de llevar a cabo un proceso transparente y fácil de acceder al público.

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Para evitar agravar esta situación, y en vista de que se avecina la elección de Fiscal General de la República, el tanque de pensamiento urge a los diputados a nombrar magistrados lo más pronto posible, “pero con base en una evaluación objetiva de los méritos de los candidatos”. Además, exige no usar los nombramientos como “carta de negociación política”. Finalmente, llama a aprobar reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para dejar firmes las mejoras a estos procesos de elección.

Coincidencia de otras organizaciones de sociedad civil 

Esta posición institucional de Fusades coincide con la postura de más de una decena de organizaciones que esta semana presentaron a la Asamblea Legislativa un pliego de peticiones a incluir en el proceso de elección a Fiscal General. Estas son: exigir planes de trabajo, que la Asamblea publique un cronograma del proceso y sus objetivos, abrir un periodo para recibir comentarios y documentos de los ciudadanos sobre los candidatos a Fiscal y realizar entrevistas públicas.

Esta propuesta ha sido encabezada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Una de sus investigadoras senior, la abogada Úrsula Indacochea, lamenta que “claramente no se ha pensado en un sistema que genere incentivos a los diputados para salir de la inercia. El argumento de la tutela de los derechos humanos no parece afectarlos, pese a ser lo más importante para los ciudadanos”.

24 octubre, 2018

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Ricardo Avelar

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