SIP denuncia la ley que busca coartar radio y TV en El Salvador

En su plan, el FMLN y el gobierno dice que se busca “promover una cultura de paz” y evitar la violencia, por lo que regularían también los noticieros, el cable y hasta la programación de Netflix. una intención considerada censura de parte de los comunicadores

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Foto EDH/ Archivo

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23 October 2018

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó, al cerrar su 74 Asamblea General, que en El Salvador nuevos proyectos de ley y disposiciones arbitrarias de funcionarios públicos socavaron la libertad de prensa en el último año.

También dijo que era “devastador” el panorama en el que se mueve el periodismo en América, en especial por la situación de “libertades cercenadas” en Venezuela y Nicaragua y los 30 comunicadores asesinados en lo que va de año.

Al asumir como nueva presidenta del organismo, María Elvira Domínguez, directora del diario colombiano El País, de la ciudad de Cali, afirmó que los desafíos de la SIP “son cada día más grandes”, pero valoró que en sus más de siete décadas de existencia sus logros “han tenido repercusión mundial”.

En su informe de medio año sobre El Salvador, dice que “el ataque más grave ha sido la presentación de un proyecto de Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, Medios de Comunicación y Publicidad que obligaría a los medios radiales y televisivos a someter sus programas y contenidos a la censura de un consejo consultivo gubernamental, en contravención a principios constitucionales”.

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Recuerda que el proyecto fue presentado a principios de octubre por el Ministerio de Gobernación y los diputados del partido oficial FMLN.

El Gobierno dice que se busca “promover una cultura de paz” y evitar la violencia, por lo que regularían también los noticieros, el cable y hasta la programación de Netflix.

“Los ciudadanos deben reclamar y exigir a sus diputados que les respeten su libertad de estar informados, su libertad de expresarse, su libertad de decidir lo que miran”, declaró el abogado Luis Chávez de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER).

El ministro Arístides Valencia dijo que la intención “es tener más regulación sobre los contenidos que se transmiten por televisión, cable y radio que denigren a los niños, jóvenes, ancianos, mujeres, poblaciones indígenas y comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales)”.

Por otro lado, la Dirección General de Aduanas impidió temporalmente la entrada al país de un lote de libros en el que se narran los orígenes de la Mara Salvatrucha: “El niño de Hollywood”. Tiene la foto de un pandillero en su portada, e imágenes que reflejan la violencia en el país. Está escrito por el antropólogo Juan Martínez y su hermano, el editor del periódico digital El Faro, Óscar Martínez. Las autoridades negaron el ingreso en un primer momento porque consideraron que su contenido era “pernicioso”.

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“Existe una tendencia creciente a una especie de linchamiento digital sistemático contra periodistas a través de las redes sociales, especialmente ante el advenimiento de la campaña electoral por la Presidencia”, dice la SIP en su informe para el país.

La Sociedad Interamericana de Prensa saca a relucir un “caso de intolerancia y acoso en las redes sociales”, cuando en agosto, el candidato a la vicepresidencia por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Félix Ulloa, atacó en redes sociales a la conductora del programa Focos TV, de Canal 33, Karen Fernández, luego de haber sido entrevistado.

El político, compañero de fórmula de Nayib Bukele, dijo que la entrevista había sido una “emboscada” y que las preguntas habían sido “mal intencionadas”, lo cual generó agresiones por usuarios de la red social contra la periodista.

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Por otro lado, la SIP recuerda que periodistas de los diversos medios protestaron por las medidas que les impusieron en el juicio del expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel por varios delitos de corrupción.

A los informadores se les impidió tener consigo sus teléfonos y grabadoras, se les expulsó de la sala del juicio alegando que “declararía un testigo protegido”, a cuyo testimonio escrito tampoco tuvieron acceso.