La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), nombró ayer como presidente del Comité Ejecutivo de esa organización al Presidente del Grupo Dutriz, José Roberto Dutriz, durante la 74a Asamblea General que realizó la SIP en Salta, Argentina, del 19 al 22 de octubre.
En ese evento se leyeron las conclusiones tras cuatros días de discusiones sobre el comportamiento de la libertad de prensa en Las Américas.
“El ciclo de amenazas, agresiones y muertes en contra de los periodistas, lejos de amainar, parece ir en aumento. En lo que va del año, 30 periodistas han caído asesinados en la región, 20 de ellos desde la última reunión en abril, en el que quizá sea el semestre más letal para el desarrollo de la actividad periodística en las Américas, según lo estableció esta asamblea”, es parte de las conclusiones a las que se llegó.
Según la declaración hecha ayer, de los periodistas muertos, ocho profesionales fueron asesinados en México, siete de Estados Unidos, dos en Brasil, dos en Colombia y uno en Nicaragua.
“Todos ellos eran profesionales jóvenes que desarrollaban tareas de gran valor para sus respectivas comunidades, pero que no resultaban gratas para algunos que comenzaron a hostigarlos, amenazarlos y agredirlos, hasta que los eliminaron físicamente”, reza la conclusión.
Sin embargo, los periodistas no sólo han tenido que enfrentar la agresión física o la muerte, también, son víctimas de “insultos que en ocasiones toman el carácter de verdaderas campañas de difamación, se han multiplicado en diversos países, como Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Perú.
El informe de El Salvador destaca nuevos proyectos de ley y disposiciones arbitrarias de funcionarios públicos que socavaron la libertad de prensa en este período.
Revela dentro de los hechos acaecidos recientemente y que ponen en grave riesgo la libertad de expresión, el proyecto de ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, Medios de Comunicación y Publicidad, que fue presentado por el Ministro de Gobernación, Arístides Valencia, a la Asamblea Legislativa a inicios de octubre, en el que se pretende “obligar a los medios radiales y televisivos a someter sus programas y contenidos a la censura de un consejo consultivo gubernamental, en contravención a principios constitucionales”.
La normativa cuenta con el respaldo del FMLN, argumentando que buscan “promover una cultura de paz” y evitar la violencia por lo que regularían también los noticieros, el cable y la programación de Netflix.
La propuesta ha sido cuestionada por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder), por transgredir, tratados y convenios suscritos por el Estado en materia de libertad de expresión.