El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén hará uso de su último recurso ante la superación del veto al decreto de la Unidad Financiera de la Fiscalía General de la República por parte de la Asamblea Legislativa y lo mandará a la Corte Suprema de Justicia que deberá enviarlo a la Sala de lo Constitucional para que defina si es o no constitucional, pero el mismo se quedará estancado debido a que no hay magistrados que conformen, deliberen y resuelvan recursos en esa instancia que esta por cumplir 100 días sin magistrados.
El anuncio fue hecho este lunes por el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, al señalar que el presidente Sánchez Cerén devolverá el decreto que superó el veto a la Corte Suprema de Justicia para que en esa instancia resuelva la supuesta inconstitucionalidad.
"El presidente, como lo dice la Constitución, ha decidido que la Corte Suprema de Justicia dirima un conflicto entre dos Órganos. Será la Corte la que decida. Si ellos establecen que esa reforma es constitucional, el presidente seguramente lo va sancionar", justificó Lorenzana durante la entrevista en el canal estatal.
El secretario de Comunicaciones añadió que el presidente Sánchez Cerén remitirá este día a la Corte Suprema el decreto aprobado por los diputados junto con sus argumentos del por qué lo considera inconstitucional la reforma del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
"Este día (lunes) se vence el plazo para que el presidente lo remita a la Corte de Suprema. No tiene otro camino. Quienes recomienda que la sancione están pidiendo que viole la Constitución", argumentó.
El 17 de octubre pasado la Asamblea Legislativa logró superar el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén a las reformas de la ley orgánica de la Fiscalía, y por el cual el país fue sacado del grupo Egmont, organización que comparte información con más de 100 países para investigar el delito de lavado de dinero y activos.
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