Por Eugenia Velásquez / William A. Hernández / Stanley Luna
Ante la falta de magistrados de la Sala de lo Constitucional es el Presidente Salvador Sánchez Cerén quien tiene en sus manos que no quede en el limbo la superación del veto a las reformas de la Ley de la Fiscalía que hicieron los diputados y que es vital para que el país ingrese de nuevo al grupo mundial de la lucha anticorrupción.
Así lo explicó el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, que si una vez pasados los tres días que da la Constitución al mandatario después que la Asamblea le envíe el decreto con el veto superado, y si el Presidente Sánchez Cerén no dice nada ni tampoco promueve la “controversia” ante la Corte Suprema de Justicia, se entenderá que el decreto ha sido sancionado y el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, lo puede enviar a publicar al Diario Oficial para que sea vigente.
O también, el Ejecutivo puede aceptar los 57 votos de los diputados y avalar la superación del veto que hizo a las modificaciones de la ley orgánica de la Fiscalía que Sánchez Cerén consideró inconstitucionales.
“Del artículo 133 de la Constitución en adelante, está todo el proceso de formación de la ley, el artículo 133 dice que si en el plazo de tres días no sanciona, no veta, no dice nada, el proyecto s entiende sancionado y la Asamblea lo manda a publicar en el Diario Oficial”, explicó el exmagistrado González.
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Ese plazo inicia este día viernes 19 de octubre, ya que el decreto superado fue enviado por la Asamblea al Ejecutivo ayer mismo, según informó el gerente de Operaciones de la Asamblea, Noel Orellana.
Es decir que el periodo para que Sánchez Cerén opine o avale la superación del veto legislativo termina el 23 de octubre, ya que la Constitución habla de tres días hábiles.
Según González, la situación que se ha generado con la superación del veto por las reformas a la ley de la Fiscalía es un hecho “inédito”. Dice que desde 1983 que se redactó la Constitución no se había concebido un acontecimiento en el que el Ejecutivo y el Legislativo discreparan por un asunto constitucional y que no hubiera Máximo Tribunal Constitucional que lo dirima.
Ante esta situación, González observa que puede darse otra situación que no sería nada favorable para el país, y es que el partido en el gobierno atrase la elección de los magistrados y Sánchez Cerén envíe el decreto a la Corte Suprema, con la intención de “empantanar” la superación legislativa del veto por la falta de magistrados que resuelvan.
Según la Constitución, si el Presidente envía el decreto superado a la Sala, esta tiene 15 días para emitir una resolución, pero como no hay magistrados y la posibilidad de que sean electos en ese lapso de tiempo es una incógnita por la falta de consenso entre los partidos, González refiere que “el tenerlo empantanado puede convertirse hasta en un incentivo perverso para que el partido del gobierno retrase aún más la elección de magistrados para que este tema no sea resuelto por la Sala”.
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Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos, explicó que el artículo 138 de la Constitución manda a que el Presidente de la República “deberá dirigirse a la Sala de lo Constitucional para que determine la constitucionalidad de la reforma hecha”.
Pero ese “deberá” es lo que González explica que se puede interpretar como no “obligatorio” de que el Presidente deba enviarlo a la Sala.
“La salida lógica y ordenada es que los diputados elijan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y sean ellos, mediante el análisis de las razones vertidas por el Presidente de la República y la Asamblea Legislativa, la que determine si las reformas al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía son constitucionales o no”, argumentó Saldaña.
Mientras que el Fiscal General, Douglas Meléndez, celebró que los diputados superaran el veto, pero advierte que si éste no está en firme para los primeros meses del próximo año, el Grupo Egmont, “expulsará definitivamente” a El Salvador, con todas las consecuencias que esto generaría para el país.
De hecho, ya las hubo. “Inmediatamente nuestro sistema informático que tenemos conexión segura con Egmont y con muchas oficinas, en este caso aproximadamente 160 países, fue bloqueada automáticamente”, lamentó.
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Agregó que la Fiscalía se ha visto afectada en los casos más emblemáticos de investigación de corrupción que han salido a la luz pública como la de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
La consecuencia segunda fue que todas las solicitudes que habíamos hecho vía el mecanismo Egmont, que son alrededor de 64 solicitudes de información financiera de Egmont, también fue suspendida. Ya no las van a responder, han quedado inmovilizadas, dentro de estas hay muchas relacionadas con los grandes casos de corrupción del expresidente Saca, que andábamos rastreando fondos todavía en algunos países y bienes, y la investigación de ‘Saqueo Público’, del expresidente Funes, creo que de esas 64 la mayoría tienen que ver con ese caso”, informó el fiscal.
La situación es grave, relató, al grado que tendrán que pedirle de “favor” a otros países que compartan información para investigaciones a futuro, por lo que ha pedido hablar urgentemente con el Secretario Privado de la Presidencia para exponerle el caso y que exhorte a Sánchez Cerén revalorar su postura.