Otro de los casos de investigación que la Fiscalía General le atribuye a Luis Martínez, de haber negociado con Mauricio Funes para que no lo investigaran, fue la tregua entre las pandillas que tuvo un año de duración.
Funes le pagaba de 10 mil a 20 mil dólares mensuales a cambio de que no lo investigara en cualquiera de los casos de corrupción en los que podría estar involucrado. Sobre las cantidades de ese soborno el mismo Martínez las detalló.
El Fiscal General Douglas Meléndez sostuvo que al asumir las riendas de la Fiscalía encontró que “no se había hecho nada” con el expediente relacionado a la tregua.
“Recuerdo que cuando los periodistas le preguntaban al exfiscal Martínez, y él respondía que era una “tregua hipócrita”, pero nunca pasaba de esa frase y nunca investigó”, dijo Meléndez.
Agregó que cuando él llega a la Fiscalía General, uno de los primeros casos en reactivarlos, porque no se había hecho nada, fue la tregua pandilleril hasta obtener las pruebas suficientes que les permitieron acusar a 18 personas de varios delitos derivados de ese pacto ilegal ante los tribunales de justicia.
Leer además: Luis Martínez obtuvo dinero ilícito de cuatro fuentes
“Hicimos nuestro trabajo en ese caso, incluso ir en contra de algunas situaciones del sistema mismo, lo retomamos y nos costó ensamblar esa investigación, ese caso”, dijo Meléndez, quien no reveló si investigará o no a Funes.
“Funes pagaba dádivas para que en esos casos no se hiciera nada. Lo que compró el expresidente Funes era impunidad, en ese o en cualquier otro caso”, dijo Meléndez.
Entre las personas que fueron procesados están Raúl Mijango, quien acaba de ser condenado a 13 años de prisión por extorsión, el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda; jefes policiales, y exempleados de los Consejos Crimininológicos.
Un Tribunal Antimafia de Sentencia de San Salvador exoneró de cargos a los 18 acusados bajo el argumento de que la Fiscalía no pudo probar los delitos y que también se trató de “una política de gobierno” de Funes y que el actual ministro de Defensa David Munguía Payés, entonces Ministro de Seguridad; era el encargado de ejecutarla.
En marzo pasado, la Cámara Antimafia de lo Penal anuló la sentencia del tribunal de Sentencia y ordenó un nuevo juicio porque consideró que no había valorado toda la prueba presentada por la Fiscalía en contra de los 18 acusados.
El tribunal designado por la Cámara para el nuevo juicio, aún no ha programado la vista pública.