Claudia Umaña: "El Salvador es uno de los países con menor meritocracia del hemisferio"

A juicio de la presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia esto afecta la calidad de servicios públicos y de la democracia en general.

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Claudia Umaña (al centro) disertando sobre función pública en foro sobre gobernabilidad en Santiago, Chile. Foto EDH/ Cortesía @AGCICHILE

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18 October 2018

A juicio de Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), la normativa existente en El Salvador para regular el servicio civil y las carreras de empleados de la gestión pública están desfasadas, lo que genera atrasos significativos en los estándares de meritocracia.

En una conferencia sobre transparencia y buen gobierno en Santiago, Chile a la que fue invitada como ponente, Umaña explicó que la ley actual de Servicio Civil data de 1961 y las normativas específicas de diferentes ramos de función pública provienen de la misma época. Umaña habló con este medio sobre su participación en tal foro y la importancia de reformar el servicio civil.

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“En este momento hay una normativa amplia, pero desfasada desde los sesentas”, señaló. Esto se traduce en un mal desempeño en indicadores de mérito dentro del Estado y transparencia en contrataciones y escalas salariales. Por ejemplo, Umaña indicó que en una medición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre administraciones públicas, en el componente de reclutamiento de acuerdo a consideraciones técnicas, El Salvador obtuvo 35 puntos sobre cien. “Esto nos ubica como uno de los países más bajos en meritocracia del hemisferio”, lamentó.

Además del marco legal desfasado, la presidenta de DTJ afirmó que hay una falta de compromiso político de profesionalizar el servicio civil y criticó la falta de una política de Estado para atender este tema. Esto lleva a servicios públicos deficientes, que a su vez lleva a la ciudadanía a confiar menos en el sector público y en la calidad de la democracia en el país.

Finalmente, añadió que vacíos en el servicio civil abren las puertas a corrupción, pues lejos de haber procesos institucionalizados para que aquellos más capacitados lleguen al servicio público, estos puestos se llenan con amigos de funcionarios y con activistas de campaña.

 

Además de estas consideraciones, la experta añadió una preocupante cifra: según el Barómetro de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional, el 31% de la población consultada expresó haber tenido que pagar soborno en algún contacto con servicios públicos.

Llenando el vacío estatal

Ante la falta de respuestas institucionalizadas sobre mejoras en la regulación del servicio civil, Claudia Umaña afirma que la sociedad civil ha decidido asumir este compromiso. Por ello, se ha conformado un equipo impulsor de una reforma en la materia. Este está conformado por dieciséis organizaciones de sociedad civil que trabajan de forma conjunta para promover la discusión y pronta aprobación de una nueva ley.

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Con esto, afirma, se busca evitar la discrecionalidad en el manejo del talento humano e instaurar una cultura de evaluaciones de rendimiento. Asimismo, se busca amarrar la política de salarios a los resultados de estos procesos de monitoreo, estableciendo incentivos para los trabajadores públicos a ofrecer buenos servicios a la ciudadanía.

“Para lograrlo, hay que desarrollar realmente la carrera administrativa y que se busque que el servidor público tenga la vocación de servicio”, señaló.

Para estos efectos, la presidenta de DTJ reconoce que se requiere gradualidad y adaptación de quienes ya forman parte de las filas del Estado. Sin embargo, recuerda que el gran incentivo para todo el país es tener una democracia más sólida y un combate más robusto a la corrupción.

De cara a las presidenciales

Si bien el reto se está asumiendo desde la sociedad civil, Claudia Umaña considera que la campaña electoral es una oportunidad invaluable para reposicionar este tema. A su juicio, el Equipo Impulsor tiene como reto lograr que las fórmulas presidenciales retomen la reforma a la Ley de Servicio Civil como un compromiso de campaña y que sea una de las medidas a dar seguimiento desde el día uno de la próxima administración.

“Los candidatos están hablando de cómo está preparándose la sociedad para el futuro, pero tenemos servicios públicos de los menos competitivos en todo el hemisferio. Ante ese desfase hay que hacer un golpe de timón”, señaló la presidenta de DTJ.