Con 56 votos a favor, los diputados superaron el veto presidencial a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. La decisión fue tomada durante la plenaria que se realizó este día.
La negativa del presidente Salvador Sánchez Cerén de avalar un decreto que le da más autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF) le costó a El Salvador ser suspendido del grupo Egmont, un organismo internacional clave en el combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La sanción significa un riesgo para la cooperación financiera internacional a El Salvador, además de no poder acceder a información financiera de otros países, según explicó hace unos días el Fiscal General, Douglas Meléndez, a los diputados en la Asamblea Legislativa.
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El Salvador ya estaba advertido de ser suspendido o expulsado de no cumplir con una serie de requisitos luego de que Funes, hoy procesado por actos de corrupción, divulgó en plena campaña presidencial el referido documento confidencial que contenía información sobre el expresidente Francisco Flores.
Los requisitos que le estableció fueron cumplidos pero luego vino la recomendación para que la Fiscalía garantizara la autonomía de la UIF.
Días atrás, dos jefes fiscales enumeraron las repercusiones financieras para el país y para su trabajo en la UIF el haber sido suspendidos como país del grupo Egmont.
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Jorge Cortez, jefe de la UIF, incluso consideró que el expresidente prófugo Mauricio Funes es uno de los mayores beneficiados con la suspensión de El Salvador de este grupo anticorrupción, ya que el país no podrá acceder a información que manejan las Unidades de Inteligencia Financiera de ese ente.
“Solo del caso del expresidente Mauricio Funes estarían afectadas 25 solicitudes de información de personas jurídicas, es decir , de sociedades, y 13 de personas naturales; estamos hablando de 38 solicitudes que habíamos solicitado el apoyo a la UIF para requerir información al extranjero”, dijo Cortez.
La Fiscalía logró el apoyo de la mayoría de las fracciones legislativas para reformar el artículo 70 de dicha normativa pero en julio pasado el presidente Salvador Sánchez Cerén la vetó por considerar que violaba la Constitución y porque restaba atribuciones al ente fiscal.