UCA afirma que elección de magistrados se ha estancado por intereses particulares

La Comisión Política de la Asamblea lleva más de 86 días sin elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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10 October 2018

La Universidad Centroamericana (UCA) hizo un llamado este miércoles a los diputados de la Asamblea Legislativa a deponer los "intereses particulares" y desentrampar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que incluye a cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil.

El centro de estudios señala en un editorial publicado el martes que "Si se hubiese actuado en función de los intereses patrios, la elección nunca se hubiese retrasado por ochenta y seis días".

"En la lista de los treinta candidatos elegibles hay personas con los méritos para llegar a la magistratura y que no han sido consideradas por el sector minoritario encargado de la elección. Si estas personas fueran tomadas en cuenta, el resto de diputados los acompañaría gracias a sus méritos y profesionalismo. Lo cierto es que la elección se ha entrampado debido a intereses particulares", afirma en el escrito.

La UCA condenó la "omisión constitucional de la Asamblea Legislativa al no haber elegido aún", luego de 86 de vencido el plazo, a los magistrados propietarios y a los suplentes para la Corte Suprema de Justicia.

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"Los diputados deben deponer toda inclinación ajena al interés público y escoger de forma inmediata y certera a los nuevos magistrados, garantizando así el Estado constitucional de derecho, que hasta esta fecha no existe", detalla.

"Los magistrados deben ser personas con conocimientos sólidos en el área de la Sala en que pretende ubicárseles; deben estar comprometidos con mantener la independencia judicial, y no estar sometidos a presiones de partidos políticos o de asociaciones gremiales de cualquier naturaleza. Además, deben tener una incuestionable calidad ética e intelectual, y ser capaces de mantener el principio de la supremacía constitucional, contemplado en el artículo 235 de nuestra Carta Magna, por el cual todo funcionario protesta, bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, con el exacto cumplimiento de sus deberes, “por cuya infracción será responsable conforme a las leyes”, aseguran.

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