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2,400 desaparecidos y 2,514 homicidios este año en el país

El grupo de jóvenes de 19 a 29 años es el que corre mayor riesgo; sobre todo residentes en zonas con cifras altas de homicidios. De 7 a 10 salvadoreños desaparecen cada día.
2,400 desaparecidos y 2,514 homicidios este año en el país
Foto EDH/Archivo

Por Jaime Lopez

24 septiembre, 2018

De siete a diez personas desaparecen por día en El Salvador sobre todo en los municipios donde se registra la mayor cantidad de homicidios, indican las autoridades.

Según estadísticas policiales consolidadas en los primeros seis meses del año, San Salvador con 567 homicidios, La Libertad con 209 y Sonsonate con 151 asesinatos, figuran como los departamentos más violentos del país y donde las cifras de desaparecidos también han incrementado.

Según la Fiscalía General de la República, del 1 de enero al 13 de septiembre, en sus oficinas se ha dado trámite a 2,400 denuncias de personas extraviadas o privadas de libertad. La cifra es muy similar a la de personas asesinadas: 2,438 (10 septiembre 2018)

La cifra que el Ministerio Público maneja en los primeros ocho meses y medio del año es superior a la del año 2017. Basta con permanecer unas cuantas horas en las porterías de las sedes de Medicina Legal para constatar la magnitud del problema; a ese lugar llegan madres o padres por separado, pero también grupos de dos o tres personas a verificar si entre los muertos está su pariente desaparecido.

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Por lo general, a Medicina Legal llegan parientes de personas que acaban de desaparecer o tienen una semana o más de un mes de haber sido separadas de un grupo familiar sin dejar rastros.

Rostros de preocupación, sufrimiento, agotamiento, de infelicidad, y de reflejo de haber llorado, son bastantes frecuentes en los contornos del Instituto de Medicina Legal en San Salvador.

Abogado que trabajaba en Uber, salió a una carrera y no regresó
Carlos Antonio Castillo Rodríguez de 28 años se extravió el 10 de septiembre en San Salvador, él es uno de los últimos casos que engrosa la lista de desaparecidos de las autoridades.

Castillo Rodríguez, recién se había graduado en Ciencias Jurídicas (abogado) en la Universidad de El Salvador pero por la escasez de empleo profesional en el país, no tuvo otra opción que trabajar como taxista en la plataforma Uber.

Para realizar esa labor, el joven alquiló un vehículo, pero el 10 de septiembre salió de Apopa a las 6:28 a.m. a brindar un servicio al paseo El Carmen de Santa Tecla, en el informe policial se apunta que llegó a su destino y que después conversó con su esposa. Después de las 8:43 a.m. ya no se supo más de él.

Un día después apareció su vehículo, estaba abandonado en la carretera que conecta Ilobasco con Sensuntepeque, en Cabañas.

“Tengo entendido que llevaba seis meses de trabajar como taxista y en ese tiempo creo que no había tenido ningún problema; él no nos había dicho nada de eso”, manifestó su madre.

Para dar un reflejo de la persona de Castillo Rodríguez, su madre lo describió como un “buen padre y buen hijo”, “él no se metía con nadie ni en nada, ahora hasta los vecinos lo han lamentado”.

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Con su desaparición, una niña se cría sin su padre, uno de los derechos fundamentales que esta pequeña a su corta edad, ha visto violentado por la espiral de violencia que atraviesa el país.

Ese es “el nuevo drama humano que experimenta la sociedad salvadoreña”, afirmó el criminólogo, Ricardo Sosa.

Sosa tiene su propia apreciación del fenómeno basado en “las cifras de desaparecidos que se han incrementado con respecto al año anterior; el promedio se ha incrementado en dos puntos porcentuales, llegando a 8 desapariciones diarias (antes era de cinco) con base en datos de la Policía Nacional Civil, pero cuando vamos a los registros de la Fiscalía el número de casos se incrementa aproximadamente a diez”.

Sosa asegura que estos datos confirman la tendencia de incremento de este tipo de casos desde 2010 y que en 2015 a la fecha, se eleva a más de 2,000 desaparecidos por año.

En 2018, las estadísticas de desaparecidos (2,400) y las de muertes violentas (2,438) tienden a equipararse para situarse en una cifra general que podría rondar los 5 mil casos.

Pero el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde tiene una postura distinta sobre la cifra de casos de la Fiscalía y los expertos, a su juicio, las desapariciones en El Salvador han disminuido.

Ministro afirma que hay menos desaparecidos
“Este año no tenemos incremento de desaparecidos, en los últimos años hemos tenido una clara reducción”, detalló Ramírez Landaverde, pero sin detallar números que argumenten su postura.

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Aun con la “reducción” en este fenómeno, el ministro Ramírez reconoce que “la problemática se mantiene, todavía tenemos la situación que la mayoría de casos corresponde a índole familiar, sobre todo, los casos de mujeres jóvenes”.

La Policía registra varios casos en los que algunas jóvenes se van de casa con su novio o sus amigos a pasear a escondidas o por problemas familiares; y tres días después regresa a casa.

Aunque el ministro de Justicia y Seguridad Pública admite que “el problema no lo hemos logrado superar, todavía se mantiene, sin embargo en los últimos años, hay una tendencia de reducción bastante importante”.

Según las autoridades, el fenómeno de las desapariciones arroja que el 90 por ciento de las personas que no aparecen en los primeros tres días, podrían estar muertas, enterradas en tumbas clandestinas, en barrancos o en zonas escabrosas.

De los contados hallazgos, solo es posible cuando un imputado se acoge a beneficios penales y decide contarle todo lo que la estructura de la pandilla ha hecho en contra de una persona e indican a la Policía los lugares donde las víctimas fueron enterradas.

En un análisis del comportamiento de los homicidios y desaparecidos, el criminólogo Carlos Carcach encuentra que la tasa de estos hechos se incrementó en 2014, luego tuvo una pequeña caída en 2016 y en 2017 empezó a subir de nuevo, sobre todo en los municipios donde han sido más frecuentes los casos de homicidio.

Carcach sostiene que el tema de violencia está estrechamente ligado a las pandillas, grupos delictivos que en los últimos tiempos ha tendido a reestructurarse para controlar determinados territorios y ante los planes gubernamentales; así mientras las autoridades toman control de un sitio, ellos se mueven a otro y cuando las autoridades se van, regresan de nuevo con la misma o mayor gravedad.

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El especialista hace referencia a la cobertura que el Gobierno ha hecho en materia de seguridad con el plan “El Salvador Seguro”, en el que se incrementó la presencia policial y militar en 50 municipios con altos índice de violencia.

Con la intervención del Estado en algunos de esos municipios, el clima de violencia se vio reducido e incluso eliminado, lo que dio cierta confianza a varias familias que habían emigrado a regresar y restablecerse de nuevo en esos territorios.

El problema vino, según interpreta Carcach, pero una vez que las autoridades tenían todo en aparente control, salieron de la zona y los grupos de pandillas regresaron a encontrarse con aquellas familias o personas con quienes había, según esos criminales, alguna cuenta pendiente y se las cobraron.

Estos “cobros” de la pandilla hacia los ciudadanos, podrían estar incrementando la cifra no solo de homicidios sino de desaparecidos.

El criminólogo Sosa sostiene que las desapariciones forzadas por la violencia, delincuencia y crimen organizado, debe ser considerado de “lesa humanidad” porque los daños son de violencia continuada, porque son las familias que sufren el drama y mientras no aparezca vivo o muerto, las personas no pueden cerrar el ciclo del duelo.

De ahí, el daño psicológico que se causa a los familiares de los desaparecidos es grave.

Además las estructuras del crimen organizado y las pandillas recurren a las desapariciones y no al homicidio porque si no hay cadáver no hay cuerpo de delito y de esa manera aumenta la impunidad, concretó Sosa.

De no frenar las desapariciones, El Salvador pierde importantes aportes de segmentos estratégicos de la sociedad: jóvenes entre los 19 y 29 años; de 30 a 35 años y el tercer grupo afectado de los 11 a los 14 años; edades que concentran la principal fortaleza económica y productiva del país, concluyó Sosa.

24 septiembre, 2018

Acerca del Autor

jaime.lopez


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