La isla-península Igualtepeque, situada en el lago de Güija en Metapán, Santa Ana, no se puede vender porque es propiedad del Estado, informó el Ministerio de Cultura a través de un comunicado, esto después que en un periódico se publicara un clasificado donde se anunciaba la venta del inmueble para cualquier interesado.
Según el anuncio, la isla está a la venta por $5 millones y la promocionan como una propiedad que posee una pirámide y diversos petrograbados, el supuesto propietario dice tener todos los documentos en regla para llevar a cabo el contrato de compraventa.
La isla tiene la mayor cantidad de petrograbados en Centroamérica, se estima que son al menos 200 piedras con diferentes grabados arqueológicos que datan del periodo Posclásico temprano, entre 900 y el 1200 d. C. Según las investigaciones, este era un sitio que se utilizaba para hacer rituales dedicadas a deidades.
La isla también es conocida como el Cerro de las Figuras o Igualtepeque, que significa “cerro de los mensajes”. “El sitio posee al menos cinco estructuras visibles, entre terrazas, plataformas y montículos. Además, es uno de los pocos sitios amurralados en el país”, describe la cartera de Estado.
El Ministerio argumentó que la venta no puede ser posible porque el inmueble es propiedad del Estado por Decreto Legislativo número 283, publicado el 24 de abril de 1975 en el Diario Oficial.
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También fue declarado como Patrimonio Cultural por ser un sitio arqueológico, esto según el decreto número 170, tomo 396 publicado en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2012, por lo tanto posee medidas de protección.
El inmueble fue dado en comodato por el Instituto Salvadoreño de Transparencia Agraria (ISTA) a 18 familias que viven en la zona para que utilizaran el terreno para sembrar cultivos que no dañen el patrimonio arqueológico.
En 2015 la Fiscalía General de la República (FGR) inspeccionó la isla a solicitud de la Oficina de Mantenimiento Catastral de Santa Ana. En esa época el Ministerio Público tramitó el expediente para “promover proceso de nulidad” de un contrato de compraventa que se había dado entre los señores Mauricio Antonio Valiente Berdugo (vendedor) y Jorge Alberto Panameño (comprador), esto según el informe de la Unidad Civil de la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía.