La Asamblea Legislativa ha incumplido su mandato constitucional de elegir en tiempo a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil, ya pasaron 65 días y no se vislumbra una posible elección, todo queda a nivel de intentos y ningún partido flexibiliza sus posiciones o candidatos, todos quieren tener representantes en el máximo órgano de justicia.
¿Pero quiénes se benefician con el no nombramiento de los magistrados?
Comencemos por decir, que los primeros son los mismos diputados, se benefician de que no tengamos Sala de lo Constitucional, porque al no tener el máximo tribunal de justicia que determine si una ley aprobada por los legisladores es constitucional o inconstitucional entonces se podría estar aplicando normativas que riñen con la Constitución de la República.
En segundo lugar, el otro beneficiado es el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, puesto que podría estar aprobando Decretos Ejecutivos y ningún ciudadano podría ampararse ante la Sala de lo Constitucional para corregirlo.
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En tercer lugar, cualquier funcionario, puesto que su accionar estaría avalado por leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa o normativas emitidas por el Ejecutivo, que posiblemente vulneren sus derechos, como el caso de los enfermos renales que la Sala ordenó al ISSS la entrega de medicamentos o a la PNC que también le exigió mejorar las condiciones de encerramiento de los reos en las bartolinas, como algunos ejemplos.
En cuarto lugar, el sistema judicial del país (jueces y cualquier funcionario judicial), ya que un ciudadano al sentir violentado sus derecho puede recurrir a la Sala de lo Constitucional, en este momento aunque recurra, su solicitud pasará a engrosar la lista de espera para ser revisado su caso, puesto que como no hay magistrados en la Sala de lo Constitucional, ningún magistrado podría estudiarlo y resolver, se estaría incumpliendo la pronta justicia.
Los más afectados de no tener Sala de lo Constitucional somo los ciudadanos porque sus derechos son violentados por los políticos y funcionarios.
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También los mismos partidos políticos pueden ser víctima de la no elección de los magistrados.
Para febrero de 2019 el país tendrá elecciones presidenciales y cualquier recurso por presunto fraude que el Tribunal Supremo Electoral no resuelva tendría que llegar al máximo tribunal de justicia, pero al no existir esa instancia, nadie podrá resolver esa situación y eso podría generar un caos de mayores dimensiones para el país.