Los diputados buscarán superar dos vetos presidenciales mañana jueves en la sesión plenaria, según lo acordado ayer en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. Se trata del decreto que emitió el Congreso para evitar la venta de terrenos insulares en las islas Perico y Periquito, del Golfo de Fonseca, en La Unión; y otro veto al decreto que permitía la representación de trabajadores de Fosalud al consejo directivo de esa institución.
Al menos en la Comisión de Economía tuvieron los votos suficientes para emitir dictamen favorable, pero para que sean aprobados en el pleno se necesitan de 56 votos.
También en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, los diputados acordaron reunirse mañana en el pleno para aterrizar en nuevas reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente al artículo 70, a fin de crear la Unidad de Análisis Financiero (UIF), oficina que estaría adscrita a la FGR, con autonomía operativa y técnica para recibir y procesar información, con el fin de prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, entre otros delitos.
Los diputados llegaron a ese acuerdo ayer, debido a que el decreto que aprobaron recientemente para darle autonomía a la UIF de la Fiscalía también fue vetado por el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Entre los vetos que los diputados intentarán sobrepasar está el de la reforma al Código Civil, el cual se aprobó para evitar que las islas Perico y Periquito, en el Golfo de Fonseca, sean vendidas a extranjeros.
El temor surgió a raíz de la denuncia que hicieron habitantes de las islas de una supuesta intención del gobierno de vender porciones de terrenos de esos islotes a un empresario asiático y se profundizó después de que el país abrió relaciones diplomáticas con China Popular.
Dichas islas de La Unión están situadas dentro de los límites del territorio nacional, lo cual podría poner en peligro la integridad territorial del mismo y podría derivar en una pérdida paulatina de la soberanía e independencia de El Salvador en manos extranjeras, argumentaron los diputados el 24 de agosto cuando aprobaron la reforma al Código Civil.
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Pero Sánchez Cerén razonó que la reforma al Código Civil viola el principio de la igualdad y que ya existe una regla constitucional sobre el acceso a la propiedad de los extranjeros, en el artículo 109 de la Constitución, que dice que “la propiedad de los bienes rústicos no podrá ser adquirida por extranjeros en cuyos países de origen no tengan iguales derechos los salvadoreños”.
Como seguimiento a esa posible violación de la soberanía territorial la Asamblea creó una comisión especial para indagar sobre la posible venta de las islas en mención.
En el decreto de Fosalud que incluía a representantes de instituciones comunitarias como Comandos de Salvamento, Cruz Verde Salvadoreña y Cruz Roja Salvadoreña en el Consejo Directivo de Fosalud, el mandatario también argumenta que viola el principio de igualdad.