Representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, presentaron ayer ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), un escrito pidiendo que sancione a 13 de los diputados que integran la Comisión Política de la Asamblea por “retardo” en el trámite administrativo para emitir dictamen favorable y elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Acción Ciudadana, Espacio Ciudadano, Ciudadanos por una Corte Independiente, la Iniciativa Social para la Democracia y Statum, solicitaron ayer en el TEG que se proceda a sancionar a 13 diputados que conforman la comisión Política de la Asamblea “por vulnerar” la prohibición contenida en el Artículo 6, literal “i” de la Ley de Ética Gubernamental.
“Retardar sin motivo legal la prestación de los servicios, trámites o procedimientos administrativos que le corresponden según sus funciones. Se entiende por retardo cuando una persona sujeta a la aplicación de esta Ley difiriere, detiene, entorpece o dilata la prestación de los servicios, trámites y procedimientos administrativos no acatando lo regulado en la Ley, en los parámetros ordinarios establecidos en la institución pública o, en su defecto, no lo haga en un plazo razonable”, reza el artículo en mención.
Los diputados que están en la mira de las organizaciones son: Norman Noel Quijano González, presidente de la Asamblea y de la Comisión Política, de ARENA; José Antonio Almendáriz Rivas, secretario (PCN); Nidia Díaz, relatora (FMLN); Carlos Armando Reyes Ramos, (vocal); Julio César Fabián Pérez, de ARENA; Alberto Armando Romero Rodríguez, de ARENA.
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Así como Jorge Schafik Hándal Vega Silva; del FMLN; Guadalupe Antonio Vásquez Martínez, de GANA; Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, de GANA; Luis Roberto Angulo Samayoa, del PCN; Rodolfo Antonio Parker Soto, del PDC; Juan José Martel, de CD; y Roberto Leonardo Bonilla Aguilar, diputado independiente.
Según lo expuesto por Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, más que se les imponga una sanción por incumplimiento de sus deberes en su función pública, buscan que al ser sancionados económicamente por el TEG, se siente un precedente en su historial político, en caso de que quieran reelegirse en el cargo de diputado o en otro puesto del gobierno.
“Dentro de las características de alguien que aspira a ser funcionario público, presidente, diputado, alcalde, está la moralidad notoria, sin embargo, desde nuestra perspectiva como ciudadanos, si alguien que ha sido declarado culpable por el Tribunal de Ética no debería de ser inscrito (como candidato) porque es parte de la moralidad notoria”, afirmó Luis Portillo del Movimiento 5 en 5.
La Ley de Ética Gubernamental no establece plazos para dar un fallo, sin embargo, los representantes de los movimientos ciudadanos dicen que esperan que la investigación no demore. Tampoco se establece el monto de la multa a pagar, ya que eso lo determina el TEG.