La Fiscalía General de la República ratificó y urgió al juez Quinto de Instrucción de San Salvador, Sidney Blanco, que solicite la extradición del expresidente Mauricio Funes, tres de sus hijos y su pareja sentimental, Ada Mitchell Guzmán, quienes están asilados en Nicaragua desde septiembre de 2016.
“La efectividad de la notificación roja, dependerá de la formalización de la solicitud de extradición aquí planteada, de lo contrario a los procesados solo podría retenérseles por 24 horas. De allí la urgencia de dar trámite al proceso de extradición”, dice el documento que la Fiscalía presentó en el tribunal el jueves pasado en horas de la tarde.
Funes es acusado del delito de lavado y peculado de $351 millones del Estado, entre 2009 y 2014, junto a otras 31 personas, incluida la ex primera dama, Vanda Pignato.
Este medio intentó conocer, a través de la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, cómo procederá Blanco, ya que según un juez consultado, él puede remitir la solicitud de extradición a la Corte o esperar que haya una resolución de la Cámara que lo separe o mantenga conociendo del caso.
Una vez la petición sea remitida a la Corte, esta tendrá que enviarla a Cancillería, y esta tendrá que remitirla a su par de Nicaragua.
Lea además: Funes dijo a Probidad que ganaba sólo $412.06 mensuales
Hasta las 4:00 p.m. de ayer, una delegada de prensa informó que el Juzgado Quinto de Instrucción no se había pronunciado al respecto, porque todavía debe redactar una resolución para hacer constar que recibió la solicitud de extradición.
Para solicitar el asilo político, Funes alegó al régimen nicaragüense e Daniel Ortega y Rosario Murillo que su vida, la de sus hijos Diego Roberto, Carlos Mauricio, el menor M.A.F.G, y Guzmán estaban en peligro por “luchar por la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos”, además, por su “filiación política”.
Pero la Fiscalía expuso, en el documento presentado al juez Blanco, que los argumentos de Funes no coinciden con el lavado millonario de dinero del que le acusan.
“Definitivamente no coinciden con el objetivo de protección de derechos humanos vinculado a la figura del asilo diplomático o político. Esta clase de delitos económicos definitivamente no pueden clasificarse como ‘político’”, sostiene en su escrito el Ministerio Público.
Según los fiscales del caso, el delito de peculado (apropiación de fondos públicos) y lavado de dinero atribuidos a Funes, tienen la misma tipificación en Nicaragua, y por lo tanto, no hay limitantes para que no sea extraditado.
