El presidente Salvador Sánchez Cerén modificó uno de los artículos del Reglamento de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) para incrementar la confidencialidad y la inmunidad en ese organismo estatal, además crea una especie de blindaje para no ser sujeto de auditoría externa en el manejo de sus recursos, según expertos.
El tema cobra relevancia cuando buena parte de los desvíos millonarios de Casa Presidencial en las administraciones de Saca y Funes se ha hecho vía la partida de gastos reservados o partida secreta, con la que se financian actividades de OIE.
Pero saber cuánto y cómo se gasta ese dinero destinado a esa dependencia no será posible por la reserva legal impuesta por Sánchez, una decisión publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2016.
Para ello modificó el artículo 8 de la Ley del OIE. Dichas modificaciones que han quedado remarcadas en el artículo 12 del Reglamento, con los que establece: “Todos los asuntos, actividades y documentación sobre los cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado serán clasificados y están excluidos del manejo de terceros ajenos a las actividades y servicios a cargo del OIE para los efectos penales y administrativos”.
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En un segundo inciso en ese artículo le pone una segunda llave y es cuando establece que: “asimismo, todos los aspectos operativos, adminsitrativos, presupuestarios, de personal, organización y funcionamiento del OIE serán clasificados”.
Modificaciones son inconstitucionales
El diputado por ARENA, René Portillo Cuadra, interpreta esas modificaciones como “un fuero o inmunidad que se le está dando a la gente del OIE para no ser procesados ni penal ni administrativamente y eso nos es posible con un decreto ejecutivo sino que vía Asamblea Legislativa, no solo con una ley ordinaria, sino acompañada por una reforma constitucional”.
En lo que respecta al manejo de las finanzas, dice que tampoco puede proclamar autonomía porque “todo fondo público debe ser auditado por la Corte de Cuentas”.
Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández Valiente, con esas modificaciones se está “ocultando aún más de lo que ya estaba todas las operaciones de OIE que ya tenían reserva porque carecen de controles ordinarios en sus operaciones”.
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“Esas modificaciones contraría la legislación ordinaria; la ley solo puede ser modificada por otra ley y no por un reglamento. Todo eso se está haciendo porque no hay sala de lo Constitucional”, dijo Valiente.
En esa misma dirección se manifestó el jurista Francisco Bertrand Galindo: “el reglamento no puede ir más allá de la ley”.
Hace unos meses, la presidenta de la Corte de Cuentas, María del Carmen Martínez Barahona, afirmó que cuando intentaron fiscalizar los fondos que maneja la Presidencia se argumentó que los “gastos reservados” están protegidos por la Ley de Bancos y que la auditoría no puede abarcar la revisión de ese dinero.