Diputados del partido ARENA denunciaron ayer que el Presidente Salvador Sánchez Cerén está aprovechando que no hay Sala de lo Constitucional para vetar varios decretos entre ellos el que prohibe la venta de terrenos en la isla Perico y Periquito.
Los legisladores conocieron ayer dos vetos del Ejecutivo. Uno orientado a que trabajadores integren la directiva de Fosalud y el segundo que es una reforma al Código Civil que prohibe la venta de propiedades en la zona de las islas Perico y Periquito, en el departamento de La Unión.
Los diputados Carlos Reyes, Margarita Escobar, René Portillo Cuadra y Norman Quijano, Presidente de la Asamblea Legislativa, aseguraron que el veto presidencial se explica en la negativa del FMLN de no dar sus votos para nombrar a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y 1 de Lo Civil.
“Yo le preguntaría al Presidente ¿A quién está defendiendo, a los salvadoreños o a quién? Dígalo. ¿Porqué quiere vender a El Salvador, porqué quiere empeñar el futuro de los salvadoreños”, cuestionó la diputada de ARENA.
“Nosotros representamos al pueblo entero y cuando el gobierno rechaza a los representantes del pueblo esta agarrando caminos insospechados. Ojalá que esto no sea el argumento por el cual no quieren ceder en el tema de la Sala de lo Constitucional”, externó Quijano.
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Respecto al veto presidencial los diputados del FMLN, Nidia Díaz y Shafik Handal aseguraron que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia nada tiene que ver, sino que el Ejecutivo está corrigiendo las fallas de la Asamblea Legislativa, con este tipo de reformas.
“Ellos son los que están saboteando la elección de magistrados. Ellos son los que han cambiado el listado. Ellos son los que le van dando largas a este tema”, replicó Shafik Handal.
“Los vetos son producto de que diputados de la derecha están tomando decisiones por mayoría y afectan la Constitución, afectan totalmente el funcionamiento institucional. Quieren en base a ley que tomar por mayoría estar cambiando la estructura del Estado”, argumentó la jefa de fracción efemelenista.
Aseguraron que ya la Constitución de la República prohibe la venta de propiedades insulares.
Se ha denunciado que 30 familias que habitan en esa zona costera corren peligro porque empresarios chinos pretenden comprar esas propiedades a un monto de $2 millones.