Tras casi dos años, el proceso judicial del caso Destape a la Corrupción ha culminado su primera etapa en una condena de diez años para el expresidente de la República Elías Antonio Saca e igual condena para su exsecretario privado Élmer Charlaix, además tendrán que devolver al Estado $260 millones y $15 millones, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil.
Esa fue la condena que dictó ayer el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, la cual abarca al exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank (a 5 años); el exsecretario de Juventud, César Funes (5 años); Francisco Rodríguez Arteaga (6 años) y Jorge Herrera Castellanos, exjefe de la Unidad Financiera y Tesorero de la Presidencia (a 3 años).
En el caso de Funes tendrá que reintegrar $886 mil, Rank a $8 millones, Rodríguez Arteaga $7 millones y Herrera $3 millones.
Mientras Pablo Gómez, excontador de Capres que pidió someterse a un juicio ordinario en el que alegó ser inocente, el tribunal le impuso 16 años de prisión y que devuelva al Estado $5 millones.
El Tribunal halló así culpables a los siete exfuncionarios procesados por el desvío de $301 millones del Estado durante la administración Saca (2004-2009), los cuales fueron sustraídos, según la acusación del Ministerio Público, a través de una estructura encabezada por Saca que usó la partida de gastos reservados, conocida como partida secreta.
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“Al analizar y comparar las pruebas (en más de 700 documentos) se determinó que lo confesado por los imputado era verídico”, remarcó el juzgador al leer su resolución.
Según el Tribunal, el peritaje estableció que al inicio de su gestión Saca ordenó abrir cuentas a nombre de particulares y depositar montos de dinero de las arcas del Estado en una clara violación a la Ley de Administración Financiera (AFI) que regula los fondos públicos.
Luego emitieron 593 cheques con los que se pagó servicios a agencias de publicidad que pautaban en la red de emisoras del expresidente: Grupo Samix, La Usuluteca, Radio Difusión El Salvador, 94.1 FM.
Por esa intermediación, las empresas ganaban el 20 por ciento de comisión, mientras a las cuentas de Saca se depositaba el 80 por ciento de esos ingresos. “Todo eso ha quedado corroborado con un sinfín de testigos”, detalló el juez.
Pero defensores de los imputados como el abogado Lisandro Quintanilla, tienen su propia postura sobre a la resolución judicial.
El abogado consideró injusta la condena civil a su cliente, Élmer Charlaix, que le ordena devolver $15 millones al Estado “porque el peritaje financiero contable estableció que no era posible determinar el uso ilegal de esos fondos ($300 millones), lo que genera una duda, susceptible de dilucidarla en otro proceso a nivel judicial e interpondré el recurso únicamente en la parte civil, de modo que esta sentencia no quedará ejecutoriada hasta que agotemos todos los recursos”, detalló Quintanilla.
El abogado Mario Machado, dijo que debe haber una modificación de la cuantía que el expresidente debe devolver al Estado. “Lo correcto es llegar a través de una pericia a los números reales de los cuales pudo haber un beneficio propio o un tercero”, argumentó. En todo caso, los abogados dijeron que apelarán la condena por responsabilidad civil.